En una votación que contó con 162 votos a favor y 72 en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que propone una nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones. La propuesta contempla una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una recomposición extra del 8,1%. Este ajuste adicional se debe a que el Gobierno otorgó un 12,5% de aumento que no logró cubrir el 20,6% de inflación registrada en enero, mes que queda fuera de la actualización.
El debate parlamentario estuvo marcado por la controversia generada en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, punto que generó mayores conflictos entre los legisladores. Desde el oficialismo se expresó preocupación por el impacto fiscal de la medida, advirtiendo que el presidente Javier Milei podría vetar la ley si finalmente se sanciona.
El texto consensuado establece que el haber mínimo jubilatorio garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor, estimada en alrededor de $260.000. Para evitar desfasajes entre la actualización de la canasta básica y el pago de los haberes, se decidió fijar un mínimo equivalente al 109% del valor de dicha canasta.
Asimismo, la oposición logró incluir una cláusula que estipula un adicional anual del 50% de la variación entre el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el IPC. Esta medida busca mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico, evitando que el IPC se convierta en un techo para los haberes.
El proyecto ahora debe pasar por el Senado para su aprobación definitiva. Mientras tanto, el debate sobre el impacto fiscal y la viabilidad de la nueva fórmula jubilatoria continuará en el centro de la escena política, con expectativas y preocupaciones en torno a su implementación y sus efectos en el sistema previsional y la economía del país.
