La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial” y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes.
Tras largas horas de debate, la votación se realizó en general y en particular por pedido del miembro informante y resultó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por el titular de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, pero contó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Entre otros puntos, la iniciativa propone que, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%. De esta manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló Finocchiaro en la presentación del proyecto.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.
“Voy a dar unos pocos datos: la mitad de los chicos de tercer grado, no entiende lo que lee, y en los sectores vulnerables llegamos al 61 por ciento. Solo el 13 por ciento de los que empiezan la escuela secundaria la terminan en tiempo y forma”, detalló, para graficar la situación actual del sistema educativo.
Según explicaron desde el bloque PRO en la previa de la sesión, la ley no busca intervenir en situaciones como las que se han producido en provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los docentes han realizado paros prolongados debido a la falta de pago de salarios. En cambio, explicaron que el objetivo es limitar lo que describen como “paros políticos”, en referencia a las huelgas convocadas por CTERA, a las que considera más como acciones políticas que sindicales.
En ese sentido, María Eugenia Vidal, diputada del PRO, defendió el proyecto al alegar que “no es verdad que sea una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”.
Por su parte, Silvia Lopesnato manifestó: “Para nosotros que la educación sea considerada una actividad estratégica esencial es una definición del modelo de sociedad en el que queremos vivir, es reestablecer qué es lo importante, en qué creemos y por qué apostamos”.
Tanto los diputados de Unión por la Patria como del Frente de Izquierda manifestaron su rechazo total al proyecto y votaron en contra debido a que consideran que únicamente apunta a cercenar el derecho a huelga de los trabajadores.
“Este proyecto es un engaño semántico, porque lo que estamos discutiendo no es si la educación es algo esencial sino que toma la esencialidad en otro sentido. El miembro informante fue muy claro y mostró que quiere resolver el problema desde un diagnóstico sesgado: que todos los problemas de la educación tienen que ver con las huelgas docentes”, planteó Itai Hagman, de Unión por la Patria.
En esa línea, detalló todas las áreas vinculadas a la educación, como las obras de infraestructura o los proyectos como Conectar Igualdad, donde el gobierno nacional aplicó fuertes recortes de presupuesto en el marco de su programa de ahorro fiscal.
“Mis hijos, que van a la escuela pública, no tuvieron clases muchos días este año, pero la mayoría fue por cortes de luz, no por paros docentes. En un contexto donde un gobierno está desfinanciado toda la infraestructura, discutimos este tema engañando a la sociedad”, dijo.
Por otro lado, desde el peronismo plantearon que las guardias mínimas que propone el proyecto que ahora será girado al Senado de la Nación no garantizan el servicio educativo: “En todo caso será un problema de guardería, que en todo caso resuelve un problema de los adultos”.
Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, aprovechó la oportunidad para alertar sobre el desfinanciamiento del sistema educativo y cruzar a José Luis Espert, quien dijo que se invierte el dinero de la educación en “chucherías”. “No estamos hablando de chucherías”, dijo y nombró los planes educativos que no reciben el presupuesto necesario para llevarlos a cabo.
“Ahora, encima en este proyecto le pedimos a la autoridad de la escuela que organice lo que este proyecto viene a desorganizar”, aseguró. Si bien reconoció que “falta un montón” para mejorar el sistema educativo, planteó: “No es por acá”.
