En septiembre próximo se cumplirán 20 años del proyecto de cooperación firmado por el entonces intendente de Pinto, Emilio Rached que permitiría la unión de los “Pinto” de España, Argentina y Chile.
El acuerdo al que adhirió Rached incluía el asfaltado de nuevas calles, mejoras edilicias en edificios escolares y la puesta en marcha de una escuela de educación especial para niños y jóvenes con parálisis cerebral y síndrome de Down.
Los fondos para las obras serían donados por la administración española. En total, 2 millones de euros que cinco años después, en 2009, fueron reclamados por las autoridades españolas debido a su presunta mala utilización.
La denuncia indica que las viviendas que iban a ser destinadas a personas de bajos recursos, finalmente fueron vendidas por licitación.
Los ocupantes son profesionales con capacidad adquisitiva suficiente para costear una vivienda, como por ejemplo la hija de ex senador, Emilio Rached.
El Barrio España del Pinto santiagueño tiene 18 viviendas, con todas las comodidades necesarias. En su momento, el fallecido intendente de Pinto, Guillermo Ganon había pedido que Pinto-Madrid muestre los comprobantes de los dos millones de euros.
“Si ellos tienen comprobantes de que salieron dos millones de euros, entonces la malversación de fondos está allá, porque acá llegaron 600.000 euros menos”, declaró Rached, según publicó La Nación.
Aseguran que la hija de Rached obtuvo una de las viviendas
La explicación del ex vicegobernador, Emilio Rached no convenció a los pinteños. Ángel Strapazzon, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) expresó su indignación ante lo que considera una traición al espíritu original del proyecto.
Argumenta que las casas debían ser gratuitas y destinadas a personas pobres, pero en su lugar, fueron vendidas a profesionales y personas de mayores ingresos como empresarios y sojeros.
Además, señaló que el dinero obtenido de las ventas no fue ingresado en las cuentas de la Fundación Pinares, entidad creada para administrar los fondos, sino en una cuenta personal del ex-intendente de Pinto-Madrid, Antonio Fernández.
En un intento por desligarse de la responsabilidad, Rached aseguró que Pinares fue apropiada por Fernández González, lo que lo llevó a él y a otros funcionarios locales a renunciar a sus cargos en la organización.
Lo cierto es que pese a que pasaron 20 años del acuerdo, las dudas sobre su transparencia persisten y lo que prometía ser un símbolo de solidaridad y apoyo a los más necesitados se convirtió en el epicentro de una controversia que resuena en ambos lados del Atlántico.
