Un mecánico detenido busca ampliar su declaración, dispuesto a aportar nuevos datos en la investigación sobre el millonario “robo hormiga” de mercaderías al Estado provincial. Según fuentes, el robo involucra “pallets” repletos de productos que habrían sido negociados con un conocido comerciante del barrio Tradición. Varios implicados podrían enfrentar allanamientos en los próximos días.
La causa está a cargo de la fiscal Luciana Jacobo, tras ser alertada por el Ministerio de Desarrollo Social sobre el faltante de mercadería en sus depósitos, atribuible a proveedores. Posteriormente, el comerciante Luis Daniel Giménez denunció a su camionero, Juan Octavio Andrada, acusándolo de haber sustraído un pallet valuado en 1,6 millones de pesos.
Los detalles del robo
La mercancía habría sido descargada en una vivienda alquilada por la hermana de Andrada, Rita Inés, en el barrio Almirante Brown. Este domicilio también está relacionado con Darío Martínez, mecánico detenido y dueño de la vivienda, quien ahora busca ampliar su indagatoria.
La fiscal Jacobo solicitó el allanamiento y la detención de Martínez, medidas que fueron aprobadas por la jueza María Pía Danielsen. No obstante, tanto Rita Inés como Juan Octavio Andrada lograron eximiciones de prisión, concedidas por la jueza Sara Harón. En cuanto a Martínez, la jueza Carolina Salas ratificó su aprehensión, rechazando la excarcelación.
Se espera que Martínez revele detalles importantes en su declaración, mientras un informe socioambiental detalla sospechosas descargas de mercadería en los últimos seis meses, realizadas por un camión y posteriormente transferidas a una camioneta Ford F100 verde, propiedad de un comerciante del barrio Tradición. La fiscalía busca identificar a los cómplices del presunto mercado negro.
Vecinos han declarado que desde la vivienda en cuestión se ofrecían productos, y aunque la participación de un policía parecía legitimar las transacciones, ahora se investiga a fondo la red de personas involucradas. Con nuevos testimonios y pruebas, la fiscalía acelera la investigación y no descarta nuevas imputaciones o la revocación de beneficios legales a los implicados. La causa, que comenzó el 3 de septiembre tras el descubrimiento del faltante de mercadería, avanza con rapidez.
