El presupuesto 2025 de Argentina, que proyecta una recaudación total de $175 billones, enfrenta un desafío significativo en la distribución de sus recursos. A pesar de que el esquema de coparticipación federal de impuestos establece que el 57,66% de los recursos debería dirigirse a las provincias, las asignaciones específicas están provocando una drástica disminución de estos fondos.
El esquema de distribución primaria prevé que el 42,34% de la recaudación se destine automáticamente a la Nación, mientras que el 54,66% se dirige a las provincias. Sin embargo, tres asignaciones específicas están llevando a una resignación de recursos que se estima en $6 billones, equivalentes a aproximadamente u$s 5.000 millones. Estas asignaciones incluyen el 11% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo destinado a la Seguridad Social.
La ley 20.631, que introdujo el IVA en 1973, estableció que este impuesto reemplazaría al impuesto a las ventas y requeriría que las provincias derogaran impuestos análogos. Sin embargo, a lo largo de los años, se han realizado modificaciones en la asignación del IVA, afectando la distribución de los recursos. La ley 23.966, sancionada en 1991, destina el 11% de lo recaudado por el IVA al Régimen Nacional de Previsión Social, una situación que se mantendrá vigente hasta 2027.
En el caso de los impuestos sobre combustibles, la distribución de la recaudación se complica aún más, con el 79,2% destinado a asignaciones específicas que no siempre benefician directamente a las provincias. A pesar de que un 10,40% se asigna al Tesoro Nacional y otro 10,40% a las provincias, gran parte de los ingresos se distribuyen a fondos de vivienda, seguridad social y fideicomisos de infraestructura, limitando el beneficio directo para las provincias.
Por otro lado, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, o Monotributo, también ha contribuido a la pérdida de recursos. De la recaudación de este impuesto, solo el 30% se destina a las provincias, mientras que el 70% se dirige a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La situación se complica aún más con la eliminación de fondos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la derogación del DNU 206/2009, que había creado el Fondo Federal Solidario para financiar obras en las provincias. A medida que el Gobierno nacional transfiere más obligaciones a las provincias, estas deberán reclamar fondos que les corresponden, actualmente “retenidos” por asignaciones específicas.
La tendencia es preocupante: las provincias están viendo una disminución en las transferencias del gobierno nacional, lo que podría llevar a que, en 2025, sean ellas quienes sostengan el superávit de las cuentas públicas nacionales. La revisión de las asignaciones específicas y la distribución de recursos se torna imperativa para garantizar la salud financiera de las provincias y, en consecuencia, del país.
