El fiscal federal Guillermo Marijuan, por segunda vez, sostuvo que no hay elementos de prueba suficientes para mantener la imputación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, donde está acusada de lavado de dinero. Este 9 de octubre, en un nuevo dictamen, Marijuan reafirmó su postura tras la reapertura del expediente ordenada por la Cámara Federal porteña el año pasado.
En su escrito, el fiscal señaló que, tras analizar las pruebas, no hay fundamentos suficientes para procesar a la ex presidenta ni para vincularla directamente con las maniobras de lavado de dinero investigadas. Marijuan ya había pedido su sobreseimiento el año pasado, postura que ahora reitera: “La prueba reunida resulta insuficiente para avanzar en la imputación”, sostuvo.
Por qué reabrieron el caso
El caso fue reabierto luego de que la Cámara Federal de Apelaciones, tras aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, revocara el sobreseimiento que había firmado el juez Sebastián Casanello a pedido del mismo fiscal. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, determinaron que la investigación debía continuar y ordenaron que volviera a manos de Casanello.
Pese a esta decisión, Marijuan mantuvo su criterio de que no existen pruebas contundentes que vinculen a Cristina Kirchner con las operaciones de lavado de dinero atribuidas a Lázaro Báez, empresario condenado a 10 años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares a través de su empresa Austral Construcciones.
Vínculo entre Cristina y Lázaro Báez
La Cámara criticó el enfoque del fiscal, señalando que su evaluación era “parcial y sesgada” y que no había considerado todos los elementos probatorios, especialmente aquellos relacionados con el vínculo entre Kirchner y Báez, como los negocios comunes y los beneficios mutuos.
A pesar de estos señalamientos, Marijuan insistió en que las pruebas disponibles no permiten procesar a la ex presidenta en este caso, y también cuestionó la incorporación de Bases Republicanas como querellante, calificando la decisión como generadora de inseguridad jurídica.
Este tramo de la causa, conocido como “residual”, se centra en la relación entre Cristina Kirchner y Báez, con el objetivo de establecer su posible participación en maniobras de lavado de dinero. Sin embargo, el fiscal reiteró que los elementos analizados no alcanzan para avanzar en una imputación formal.
