Las empresas de transporte de media y larga distancia dejaron de entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad. Esto se debe a que las firmas aseguran que a partir de la publicación del decreto que desreguló el sector, no tienen la obligación de hacerlo porque dejaron de ser un “servicio público”.
Por el contrario, el Gobierno advierte que multarán a las líneas que no entreguen los tickets y así se abre una disputa legal que involucra más de 100.000 pasajes y $3.500 millones mensuales.
EL PRIMER CONFLICTO
El 20 de noviembre se celebra el día Soberanía Nacional. El feriado se pasa al lunes 18 para configurar un fin de semana largo. La demanda de pasajes hacia los distintos destinos del país se dispara y las personas con discapacidad no son la excepción. Pero en este caso, los usuarios se encontraron con una sorpresa, las empresas dejaron de otorgar el beneficio de tickets sin cargo que entregaban hasta hace dos semanas.
“Cortamos los nuevos servicios, sólo estamos entregando los pasajes que estaban reservados previamente por una cuestión de compromiso”, confirmó una importante fuente del sector según consigna el portal Ámbito Financiero. En esa línea, argumentó: “Ya no tenemos ninguna obligación de llevarlos gratis”.
La explicación que dan las cámaras que representan al transporte de media y larga distancia es que la desregulación que llevó adelante el Gobierno terminó con el criterio de servicio público que regía previo al decreto y con esa decisión desapareció la normativa que los obligaba a otorgar el beneficio.
Qué dice el Gobierno
Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que “la desregulación del transporte automotor no eliminó la gratuidad en los pasajes para personas con certificado de discapacidad, por lo que la obligación de las empresas respecto a ofrecer cupos gratis para transportar a los discapacitados sigue vigente”.
En esa línea, afirmaron que “la CNRT está intimando a las empresas que decidieron unilateralmente suspender la emisión de estos servicios”. Sobre este punto, señalaron que ya se sancionó a unas 44 empresas que no cargaron el servicio en el sistema y le exigieron a las cámaras sector que “revean su accionar”.
