El Gobierno Nacional tomó la decisión de eliminar los “privilegios heredados” en el acceso a empleos públicos, a través del Decreto 959/2024. Esta normativa tiene como objetivo fortalecer la equidad y la transparencia en las contrataciones dentro del Sector Público Nacional.
El decreto prohíbe de manera expresa el ingreso a cargos públicos por vínculos familiares, afinidad política o influencia, y establece que todos los procesos de selección deben ser abiertos y accesibles al público en general. Esta medida busca asegurar que el acceso a empleos estatales esté basado exclusivamente en el mérito y la competencia, con el fin de erradicar prácticas de nepotismo en las designaciones.
Entre los aspectos destacados del Decreto 959/2024 se encuentran:
- Restricción de Prácticas Hereditarias: La normativa prohíbe explícitamente los privilegios de acceso a cargos públicos basados en parentesco o relaciones de influencia. Además, se implementarán auditorías internas para garantizar que los procesos de selección se rijan exclusivamente por criterios de mérito.
- Concursos Abiertos y Públicos: Todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público. Se exigirán procesos de selección competitivos con requisitos claramente especificados para evitar favoritismos.
- Comités de Evaluación Independientes: Se formarán comités de evaluación compuestos por miembros independientes, encargados de supervisar que las selecciones sean imparciales. Estos comités deberán elaborar informes públicos sobre cada concurso, promoviendo así la transparencia en el proceso.
- Sanciones a Irregularidades: Se establece un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan las nuevas normativas o favorezcan prácticas de nepotismo. Las sanciones pueden variar desde la suspensión hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de la infracción.
- Supervisión y Auditoría: El decreto habilita auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción, con el fin de verificar la transparencia en los procesos de selección y evitar interferencias indebidas.
Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca garantizar un acceso justo y meritocrático a los empleos públicos, promoviendo la integridad en la administración estatal.
