Como si no fuese suficiente con los aumentos todos los meses, ahora el Gobierno Nacional autorizó a las empresas de medicina prepaga a restringir las coberturas de los afiliados en el contexto de la desregulación del sistema privado de salud, según la Resolución 3934/2024 publicada en el Boletín Oficial. Desde ahora, solo los médicos dentro de la cartilla de cada plan podrán prescribir medicamentos y tratamientos, medida que busca “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
Diferencias entre planes abiertos y cerrados en las prepagas
La resolución introduce cambios en los planes de salud abiertos y cerrados. En los planes abiertos, los afiliados pueden optar por recibir atención tanto de prestadores en cartilla como de otros externos. En cambio, los planes cerrados solo permitirán atención y prescripción de los médicos dentro de la cartilla. Los planes abiertos suelen tener un costo superior, mientras que los cerrados son más accesibles.
Nuevo marco para prescripción de medicamentos en prepagas
La medida apunta a reducir los altos costos en medicamentos y tratamientos, limitando las recetas exclusivamente a los profesionales en la cartilla de cada prepaga. Según las autoridades, una de las principales demandas de las prepagas y obras sociales ha sido que “cualquier médico” pueda hacer una receta, lo que incrementa los costos y genera reclamos administrativos o judiciales por cobertura.
Obligaciones adicionales para las prepagas
Las prepagas deberán detallar su cartilla de prestadores para cada plan, especificando si se trata de un plan abierto o cerrado y explicando sus condiciones de acceso y cobertura. Esta claridad permitirá a los beneficiarios conocer las características y limitaciones de los servicios.
Resoluciones judiciales y su impacto en el sistema de salud privado
La resolución también aborda el riesgo de que resoluciones judiciales obliguen a las prepagas o al Estado a cubrir servicios no previstos, lo cual representa una amenaza para la estabilidad financiera del sistema. Esto subraya la importancia de regular las coberturas y asegura que, en caso de intervención judicial, se considerará el impacto económico que estas decisiones pueden generar en las prepagas y el sistema de salud en general.
