La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que llevará a la Justicia su rechazo a las auditorías impulsadas por el Gobierno a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), argumentando que esta entidad no tiene competencia para auditar universidades. En conferencia de prensa, el rector Ricardo Gelpi expresó: “Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes”.
Gelpi declaró: “No nos oponemos a las auditorías, pero queremos que se realicen de acuerdo con las normativas vigentes. La SIGEN, dependiente del Poder Ejecutivo, no tiene atribuciones para auditar universidades autónomas. Hemos decidido que sea la Justicia la que defina si esta medida es legal, y acataremos lo que se decida”.
Además, la UBA planea convocar a auditores independientes, tanto nacionales como internacionales, para evaluar su sistema de control interno, garantizando así transparencia a la ciudadanía. La universidad recordó en un comunicado reciente que ya solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) incluirla en su Plan de Auditoría 2025, como ha sucedido en años anteriores.
El cruce entre Gobierno y UBA se intensifica
Desde la UBA sostienen que la SIGEN, al depender del Presidente, no tiene atribuciones para auditar a instituciones autónomas como las universidades públicas. También acusaron al gobierno de Javier Milei de querer intervenir en el sistema universitario para “controlar” qué se enseña y cómo se enseña, comprometiendo la libertad académica. En respuesta, Milei aseguró que el objetivo del Gobierno no es intervenir, sino garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos: “No queremos privatizar las universidades; buscamos controlar el dinero que pagan los contribuyentes”.
Postura del jefe de Gabinete y crítica a la postura de la UBA
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, defendió la medida del Gobierno, alegando que cuando el Estado asigna fondos, debe poder auditar su uso: “No veo motivo por el cual la SIGEN no pueda auditar universidades. Si se es transparente, no debería haber problema en abrir los gastos a una auditoría”. Francos agregó que las objeciones de la UBA generan dudas, calificándolas como “caprichosas” y sugiriendo que, en algunos casos, los fondos públicos se usan políticamente.
Ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones, con la UBA decidida a judicializar el conflicto y el Gobierno defendiendo la necesidad de un control fiscal más riguroso. El desenlace legal que defina la competencia de la SIGEN sobre las universidades públicas será clave para el futuro de la relación entre el Ejecutivo y el ámbito universitario.
