Propietarios de inmuebles ubicados en la calle 12 de Octubre, en el barrio Primera Junta, iniciaron acciones legales contra la empresa constructora Panedile y la UTE (Unión Transitoria de Empresas) asociada. Con el patrocinio del abogado, Santiago Lastra demandaron a la empresa por los graves daños ocasionados a sus viviendas.
Según consta en la denuncia, los daños se produjeron durante obras de excavación y construcción realizadas entre fines de 2022 y principios de 2023. Los afectados acusan a las empresas de negligencia al no realizar los estudios de suelo correspondientes ni tomar precauciones para evitar el impacto en propiedades cercanas.
La principal damnificada, una vecina de apellido Arce, quien vivía en una de las casas junto a su pareja y su hija recién nacida, señaló que los trabajos provocaron el deterioro severo de tres inmuebles, dejándolos inhabitables y con riesgo de derrumbe.
La familia se vio obligada a mudarse a una vivienda alquilada de forma transitoria, enfrentando importantes gastos adicionales en transporte, alimentación y tratamientos médicos para el estrés y la depresión que sufrió la afectada.
En un intento por minimizar las pérdidas, Arce intentó reparar una de las viviendas, lo que implicó un costo económico considerable, ya que debió reforzar estructuras con vigas y columnas para evitar un colapso. Sin embargo, asegura que los daños estructurales han hecho imposible la venta de los inmuebles, afectando gravemente su patrimonio.
La damnificada afirma haber intentado resolver el conflicto de manera directa con Panedile y la UTE, incluyendo comunicaciones formales y reuniones. Sin embargo, ambas empresas habrían evitado asumir responsabilidades, atribuyéndose mutuamente la culpa y sin ofrecer soluciones efectivas.
Graves fallas en la gestión de riesgos
El reclamo judicial destaca la falta de un estudio de suelo adecuado por parte de Panedile, lo que derivó en daños no solo en los inmuebles de la familia Arce, sino también en otras casas de la zona. Además, los demandantes señalan que las empresas no contaban con cobertura de seguro de responsabilidad civil para amparar estos daños, lo que refleja, según los afectados, una falta de compromiso con las normativas legales vigentes y con las comunidades donde operan.
“La empresa priorizó sus beneficios económicos, desestimando las consecuencias de sus acciones en el entorno”, denunció Arce en su presentación legal, donde exige una compensación económica por los daños materiales y morales sufridos.
El caso pone en evidencia la importancia de que las empresas constructoras cumplan con los estándares de seguridad y responsabilidad social, especialmente en proyectos que impactan directamente a los vecinos. Por ahora, los damnificados esperan que la justicia se pronuncie y que Panedile y la UTE asuman las reparaciones correspondientes.
