El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), finalizó una extensa auditoría sobre las cooperativas y mutuales.
El relevamiento arrojó datos “sorprendentes”, según el adjetivo utilizado por un integrante de la Casa Rosada. Derivó, por ejemplo, en el retiro de la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales.
También se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales.
Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, como los registros de asambleas, cambios de autoridades y rendición de cuentas de los subsidios que recibieron por parte del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización.
Las cooperativas y organizaciones civiles fueron las grandes beneficiadas entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023, es decir, hasta la llegada al poder de La Libertad Avanza.
Durante este período, recibieron de la administración Fernández $29.966.430.7266.000 de pesos. De ese total, $18.391.880.742 fueron otorgados a través de la Secretaría de Economía Popular, que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Los $11.574.549.984 del INAES.
Las principales beneficiarias fueron cooperativas y entidades civiles vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie.
Además, cada una de estas organizaciones tenía dirigentes que ocupaban cargos clave en el ex Ministerio de Desarrollo Social, el cual era responsable de derivar esos fondos a las entidades ligadas al kirchnerismo a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar.
Solo ocho cooperativas, asociaciones y una federación de cooperativas de trabajo vinculadas a los movimientos que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, recibieron alrededor de $5 mil millones.
