El 19 de noviembre, el Gobierno de Argentina publicó en el Boletín Oficial una serie de medidas que marcarán un giro importante en la política económica del país. A través de la resolución 1212 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433 y 434 de la Secretaría de Comercio, se derogaron 43 normas vinculadas al control de precios en sectores clave como la carne vacuna, los lácteos, los comercios, los supermercados, las farmacias y los servicios de televisión por cable.
Este paso se enmarca dentro de la agenda de desregulación del comercio y simplificación de trámites que promueve el actual Gobierno. A continuación, repasamos las medidas que fueron eliminadas y las razones detrás de esta decisión, que responde al objetivo de reducir las trabas burocráticas y favorecer la competencia libre en el mercado.
Desregulación de precios: ¿Qué normas derogó el Gobierno?
El conjunto de normas derogadas le otorgaban al Estado la facultad de fijar precios, intervenir mercados y requerir información innecesaria a diversas industrias. Entre las disposiciones más relevantes eliminadas se encuentran las siguientes:
- Resolución 1/2006 y 38/2008: Estas regulaban el precio de la carne vacuna, estableciendo precios máximos para todos los eslabones de la cadena de comercialización, desde la industria frigorífica hasta el consumo minorista o mayorista.
- Resolución 26/2007: Obligaba a las industrias lácteas a acordar precios con el Gobierno, lo que restringía la libre determinación de los precios en este sector.
- Resolución 6/2010: Establecía que las farmacias debían exhibir carteles con productos que estuvieran alcanzados por bonificaciones especiales del 30%, generando un marco de control en el sector.
- Resolución 823/2022: Creaba el programa Precios Justos, que regulaba los precios de productos básicos, pero que desde la perspectiva del Gobierno, obstaculizaba la relación libre entre consumidores y mercados.
- Resolución 991/2021: Impuso un control de precios en los comercios de cercanía a través del programa Súper Cerca, que limitaba la libertad de comercialización de productos de la canasta básica.
- Resolución 1182/2023: Establecía acuerdos de precios que afectaban la competencia y obstaculizaban el libre juego de la oferta y la demanda.
- Resolución 50/2010: Regía las operaciones comerciales de la televisión paga, fijando pautas y fórmulas a seguir por los proveedores del servicio.
La eliminación de estas normas busca reducir las restricciones impuestas por el Estado y fomentar un ambiente de libre competencia en los mercados, al tiempo que se eliminan las distorsiones generadas por las regulaciones que, según el Gobierno, solo aumentaban los costos de transacción para los proveedores, lo que a su vez impactaba en los precios para los consumidores.
Simplificación de procedimientos: Eliminar obstáculos burocráticos
Además de la derogación de las normas de control de precios, el Gobierno también ha simplificado una serie de procedimientos administrativos que generaban trámites innecesarios y costosos. Entre las resoluciones derogadas, se destacan las siguientes:
- Resolución 25/2007: Relacionada con la homologación de neumáticos. Esta norma obligaba a que los neumáticos cumplieran con requisitos adicionales aprobados por el INTI, lo que encarecía el precio de los mismos. Su derogación facilita el proceso de certificación y reduce costos para los consumidores.
- Resoluciones 300/2009 y 312/2010: Estas resoluciones exigían a las instituciones educativas privadas proporcionar información sobre costos laborales y aranceles.
Al ser derogadas, se simplifica la carga administrativa para las escuelas y se favorece su autonomía en la gestión económica.
La justificación del Gobierno: Desburocratización y simplificación
El Gobierno justificó la derogación de estas normativas como una necesidad para alinear las políticas de regulación del mercado interno con los principios de desburocratización y simplificación de los procesos productivos. Según fuentes oficiales, estas regulaciones, además de generar obstáculos al comercio, incrementaban los costos de transacción para los proveedores, los cuales, inevitablemente, se trasladaban a los precios de los productos y servicios para los consumidores. De este modo, la medida busca reducir trabas burocráticas y promover la competencia.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que esta decisión es un paso más en el proceso de liberación económica que promueve el presidente Javier Milei. “Estas medidas son fundamentales para avanzar hacia una economía más libre y competitiva”, destacó.
Impacto en el mercado: ¿Cómo afectará la desregulación?
El impacto de la derogación de estas normas será relevante en diversos sectores económicos, especialmente en aquellos que hasta ahora estaban sujetos a regulaciones estrictas sobre precios. La eliminación de las restricciones en la carne, los lácteos y otros productos básicos permitirá que el mercado determine los precios en función de la oferta y la demanda, lo que podría generar una mayor flexibilidad y competitividad en estos sectores.
Sin embargo, también es posible que algunos sectores enfrentan ajustes en sus márgenes de ganancia, especialmente aquellos que dependían de los programas de precios controlados. Por otro lado, se espera que la desburocratización de los procedimientos simplifique la actividad comercial y fomente una mayor inversión.
¿Qué se espera de esta medida a largo plazo?
El Gobierno espera que la eliminación de estas normas no solo reduzca el costo de los productos para los consumidores, sino que también genere un entorno más dinámico para los negocios. La simplificación administrativa y la promoción de la libre competencia podrían, en el mediano y largo plazo, incentivar la productividad y la eficiencia en los sectores afectados.
No obstante, será clave observar cómo reaccionan los sectores comerciales ante la eliminación de estos controles y cuál será el impacto en los precios y la accesibilidad de los bienes y servicios para los ciudadanos. La capacidad del Gobierno de mantener un equilibrio en la regulación del mercado será esencial para evitar que el descontrol de precios afecte negativamente a los sectores más vulnerables de la población.
