El año 2024 estuvo marcado por ajustes en las cuentas públicas, y uno de los sectores afectados fue la Iglesia Católica. El Gobierno implementó una reducción del 79% en términos reales de los fondos destinados a la institución a través de la Secretaría de Culto, en cuanto a austeridad fiscal y reestructuración presupuestaria se refiere.
El programa “Registro y Sostenimiento de Culto” pasó de $194,4 millones en 2023 a $132,3 millones en 2024, lo que representó una caída nominal del 32%. Esta disminución se sumó al proceso iniciado en 2018 por la Conferencia Episcopal, que renunció gradualmente al subsidio estatal destinado a arzobispos y obispos, con el objetivo de avanzar hacia un esquema de autosustentabilidad.
A pesar del recorte, la Iglesia continuó con sus programas de asistencia social, financiados en parte por el Estado y por aportes de fieles, empresas y organizaciones internacionales. En 2024, Cáritas recibió más de $3.661 millones mensuales para sostener comedores y puntos de distribución de alimentos, en un año donde se observó un aumento en la demanda de ayuda, especialmente entre adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, los subsidios a colegios católicos y otros aportes no discriminados en el presupuesto complicaron el cálculo exacto de los fondos públicos destinados a la institución. La descentralización de la Iglesia, con diócesis que manejan recursos propios, también dificulta establecer un balance total.
Desde la Iglesia, el balance de 2024 estuvo atravesado por la creciente demanda social. Las parroquias y Cáritas reportaron un aumento en la cantidad de personas que acudieron a los comedores y solicitaron asistencia para necesidades básicas, como medicamentos.
En un contexto de 52,9% de pobreza, líderes religiosos hicieron un llamado a la clase política a priorizar consensos y evitar ajustes que impacten en los sectores más vulnerables.
