La Inspección General de Justicia (IGJ) ha resuelto a favor de la oposición de Boca Juniors en una denuncia presentada por Sergio Brignardello, representante de la minoría en la Mesa Directiva del club. El reclamo se centró en la falta de transparencia respecto a informes solicitados sobre contratos, sueldos, cantidad de socios y otros datos relevantes que nunca fueron proporcionados por la dirigencia.
El año pasado, la oposición de Boca solicitó más de 90 informes, los cuales no fueron contestados por el club, llevando a una aprobación del balance en la Asamblea solo con los votos del oficialismo. Brignardello denunció esta situación ante la IGJ, argumentando que sin la información necesaria, no podía representar adecuadamente a los socios que no apoyaron a la actual conducción.
La resolución de la IGJ incluye una sanción leve, un apercibimiento, que podría volverse más severa si el club reincide. Sin embargo, la asamblea no fue anulada. Más crucialmente, la IGJ ordena a Boca Juniors la creación y aprobación en asamblea de un reglamento que garantice el derecho a la información de los socios, el cual debe ser presentado ante el organismo.
Además, se le exige al club que responda a todas las solicitudes de Brignardello, abordando preguntas sobre la cantidad y tipo de socios, procesos de cambio de estado de socios adherentes a activos, número de empleados, remuneraciones del Consejo de Fútbol y detalles de los acuerdos publicitarios.
