El Ministerio de Salud de la Nación ha puesto en marcha un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) con el envío de 300.000 cartas documento a beneficiarios de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Este es el primer paso de un proceso que abarcará más de un millón de casos, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.
La auditoría, impulsada por el Gobierno en colaboración con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene como finalidad revisar los requisitos legales de las pensiones y evitar irregularidades. Se estima que la medida permitirá un ahorro de aproximadamente 900.000 millones de pesos este año.
Los beneficiarios convocados deben presentarse a una evaluación médica, donde deberán someterse a controles con profesionales de PAMI y presentar la documentación necesaria. Posteriormente, ANDIS analizará los antecedentes y emitirá los dictámenes correspondientes que definirán la continuidad o no del beneficio.
La asistencia es obligatoria, y quienes no se presenten sin justificación podrán ver suspendida su pensión. Para justificar su inasistencia, los beneficiarios deben avisar con 24 horas de anticipación, a través de correo electrónico o mediante el chatbot TINA de WhatsApp, enviando la documentación respaldatoria.
Este proceso de auditoría comenzó a raíz de irregularidades detectadas en la asignación de pensiones. En 2024, un análisis previo de 22.417 pensiones reveló que solo el 20% cumplía con los requisitos legales. También se descubrió que beneficiarios fallecidos y personas privadas de libertad seguían cobrando la pensión. A lo largo del año, 14 prófugos de la justicia fueron capturados cobrando este beneficio.
Para llevar a cabo este plan, el Gobierno firmó acuerdos con PAMI y ANDIS para la contratación de servicios postales y la realización de las evaluaciones médicas, lo que permitirá regularizar las pensiones irregulares. El proceso se realizará de manera escalonada, con especial foco en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández, y se espera que concluya en la primera mitad de 2025.
En una fase preliminar realizada entre el 2 y el 20 de enero, se convocó a 1.108 personas. De ellas, el 31,6% no se presentó. Entre los que asistieron, el 16,6% no cumplía con los requisitos y el 2,1% necesitaba verificación médica adicional. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de controles periódicos para asegurar que los recursos públicos lleguen a los beneficiarios adecuados.
