La Corte de Santa Fe decidió rechazar la homologación del acuerdo de pago que había sido aprobado el año pasado por la Cámara de Apelaciones de Reconquista, y que había sido presentado por Vicentin a sus acreedores. El acuerdo implicaba un pago inicial de US$ 30.000 para cada acreedor quirografario, sin distinción de los montos adeudados. Commodities, la firma del Grupo Grassi, presentó un recurso ante la Corte provincial, que finalmente aceptó el planteo, complicando aún más la situación.
El conflicto no solo afecta a los acreedores, sino que también pone en jaque los puestos de trabajo de miles de empleados. Los gremios, encabezados por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la Argentina, manifestaron su preocupación y rechazo ante cualquier intento de reducción de personal. En un comunicado conjunto, advirtieron que “no permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario”.
La empresa explicó que, como consecuencia del fallo, el pago de los sueldos de febrero está en riesgo. Según fuentes internas, la compañía aún no puede garantizar que estará en condiciones de cumplir con el compromiso salarial, lo que agrava aún más la incertidumbre.
La situación ha desatado una serie de reacciones en el ámbito sindical y empresarial, con voces que cuestionan el rol de los propietarios de Vicentin en la gestión de la crisis. Los gremios apuntan a los empresarios como los principales responsables de la situación de quiebra casi inminente. “No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentin“, afirmaron en su comunicado.
Mientras tanto, el fallo de la Corte abre la puerta a la posibilidad de un salvataje externo, en el cual otras empresas podrían presentar ofertas para competir con el plan de pagos original, que había sido diseñado con la participación de los interesados estratégicos de Vicentin, como Viterra, Bunge y ACA.
En este contexto, se prevé que el futuro de la empresa y de sus empleados dependa de la capacidad de encontrar una solución viable que permita la continuidad de las operaciones y la preservación de los puestos de trabajo. La resolución del conflicto será clave no solo para los trabajadores de Vicentin, sino también para el futuro del complejo agroindustrial de la región.
