Por Álvaro José Aurane | Para Info del Estero
“La deuda pública es inmoral, implica que la fiesta de gasto público sea financiada por generaciones que no sólo no han votado, sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal”. Javier Milei, presidente de la Nación. Posteo en su cuenta de la red “X” (@JMilei), el 14 de septiembre de 2019.
El Gobierno libertario tomará una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional para cancelar parte de una deuda interna de la administración nacional. Desde que el país ingresó al FMI firmó 28 programas con el organismo de crédito internacional, de modo que hace tiempo dejaron de ser una novedad. Sin embargo, el comportamiento del Poder Ejecutivo Nacional al respecto, tanto a la hora de justificar la decisión (en la república, todo acto público debe ser razonable) como de tramitar esta medida, han terminado dándole un ribete escandaloso a la cuestión.
El primero en desafinar con estridencia fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en declaraciones que se conocieron el viernes afirmó que el crédito internacional que gestiona “implica nuevos fondos, no implica nuevas deudas”. La afirmación es insostenible. Equivale a que quien haya contraído matrimonio y luego haya disuelto ese vínculo, para después casarse con una tercera persona, en realidad, nunca se divorció. Sigue teniendo una esposa, y sólo una, de modo que no podrá considerarse en modo alguno que su situación haya variado. Es la lógica del absurdo.
Así que ayer fue el propio presidente, Javier Milei, quien apareció en los medios para dar explicaciones. Firmó en el diario “La Nación” el artículo “Acuerdo con el FMI: sanear el BCRA para terminar con la inflación”. Lejos quedaron sus compromisos de “prender fuego” a la entidad. La inconsistencia presidencial no deja de ser un alivio: la estafa con la criptomoneda $Libra es el ejemplo más acabado de lo que sería un mundo con monedas sin regulación de los bancos centrales.
Recuerdos y vencimientos
“El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”, publicó el jefe de Estado.
A su vez -dijo Milei-, se podría objetar que, si bien la deuda bruta no sube, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación”.
Lo que Milei plantea es que con los recursos que desembolse el FMI (unos U$S 11.000 millones) el Gobierno rescatará Letras Intransferibles: un instrumento emitido por el Tesoro para tomar recursos del BCRA, que no tiene mercado secundario precisamente porque no se pueden transferir. Se emplean desde hace décadas, ya sea para atender el déficit del Tesoro o para pagar a acreedores externos. ¿Qué busca? En principio, lograr una baja del “riesgo país” (ronda los 700 puntos básicos) para buscar financiamiento internacional con intereses más bajos que los que podría lograr hoy y reestructurar deuda. En julio deberá afrontar vencimientos de bonos por U$S 4.000 millones.
Aclarado ello, ni la decisión es inocua. Ni el cambio de acreedor es una banalidad. Ni mucho menos se trata de una determinación incuestionable.
Acreedores y presiones
Puesto en escala, la situación podría asemejarse a la de una persona que decide ahorrar para comprar un auto. Logra reunir el monto, pero en determinado momento debe retirar dinero de esa reserva para afrontar un imprevisto. Para no perder de vista su objetivo, se firma a sí mismo una nota en la que especifica cuánto dinero retiró. Ese documento sólo es exigible para sí mismo: no puede ir a negociarlos a ninguna parte. Es una deuda “intrapersonal”. Pero un día decide que quiere comprar el vehículo cuanto antes y entonces acude a un banco (en el mejor de los casos) para tomar un préstamo por el valor de esa deuda que tenía consigo mismo. Y se consuela diciéndose que, en realidad, no está generando una nueva deuda, porque está cancelando una anterior. Sin embargo, algo ha cambiado. Antes, la persona se debía dinero a sí misma, o en todo caso a la alcancía donde ahorraba para su futuro auto. Ahora le adeuda al banco. Y con intereses altos y plazos perentorios.
Entonces, tomar deuda externa para cancelar una deuda “intraestatal” no es, ni remotamente, un asunto libre de debates en torno de si es conveniente o no.
El Gobierno alega que las Letras Intransferibles (en tanto emitidas por el Tesoro para tapar déficit) son inflación, al fin y al cabo. No hay duda al respecto. Ahora bien, decide “bajar” esto a cambio de los intereses del crédito del FMI. ¿Funcionará? En la medida en que tenga “espaldas” con el superávit, sí. Ahora bien, esto abre otros interrogantes.
Esta gestión, como se ha venido analizando en columnas anteriores, interviene en el mercado de cambios para mantener estable la cotización del dólar. Sólo en febrero “quemó” U$S 1.500 millones en esas operaciones. Con ese ritmo, los U$S 11.000 millones que en principio desembolsaría el FMI van a alcanzar sólo para ocho meses.
“La deuda bruta no sube -concluye Milei-. Y si así fuese, ante la necesidad de un mayor resultado fiscal, el mismo lo alcanzaremos recortando el gasto”. Dicho de otro modo, vendrán tiempos de enorme presión sobre el Tesoro, para comprar con el superávit dólares que se destinen a pagar intereses. Y esa presión se trasladará a los argentinos, sobre quienes pesarán todavía más ajustes.
Dudosos y deficitarios
Aunque queda expuesto que el nuevo acuerdo con el FMI, y sobre todo el destino de los recursos, es materia debatible, el Gobierno ha resuelto dictar un decreto de necesidad y urgencia, lo cual es políticamente cuestionable y, fundamentalmente, constitucionalmente dudoso.
En orden de prelación, la Constitución argentina establece desde 1853, en el artículo 75 inciso 7, que corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Léase, le cabe al Ejecutivo Nacional explorar negociaciones, pero son los representantes del pueblo y de las provincias (los diputados y los senadores) quienes la validan, modifican o rechazan. Es decir, si la deuda pesará sobre todos los argentinos, el consenso de sus representantes en el Congreso no puede ser reemplazado por la voluntad unilateral de una sola persona.
Justamente, en 2021, la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública estableció en su artículo 2: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
La norma data de la gestión de Alberto Fernández y quien era el ministro de Economía, Martín Guzmán, acudió al Congreso a brindar los detalles del entendimiento. Argumentó que necesitaba el acuerdo (sancionado al año siguiente) para afrontar las obligaciones derivadas de los U$S 44.000 millones tomados en la presidencia de Mauricio Macri. Y que para evitar otro endeudamiento de esa magnitud la norma pautaba la obligación de que el Congreso aprobase cualquier negociación futura. Por cierto: el kirchnerismo votó en contra y Máximo Kirchner renunció a la conducción del bloque oficialista en Diputados. El programa fue sancionado gracias al acompañamiento de buena parte de la oposición. Entre las excepciones estuvo el entonces diputado Javier Milei. “No voy a votar el acuerdo con el FMI: es una porquería”, afirmó en una entrevista de 2022 en el canal “La Nación +”.
El decreto anunciado por la administración libertaria sabotea la instancia parlamentaria. Todo DNU se gira a una comisión bicameral para ser evaluado y tiene vigencia de ley mientras no sea rechazado por las dos Cámaras. En el historial, sólo un DNU fue rechazado por el Congreso. Fue en septiembre pasado, cuando el Parlamento se negó a avalar el giro multimillonario de fondos a la SIDE.
El agravante es que el mencionado ministro Caputo ha reconocido, en una entrevista con el canal “La Nación +”, que se dictó el DNU para evitar el debate. “Seamos francos: si mandábamos esto a las dos Cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho. Y no es un tema que se puede demorar y mucho, no podemos estar dando vueltas: es lo mejor para la gente. Hay necesidad y urgencia en esto”, argumentó.
Esta es, precisamente, la deuda “intraestatal” de la que el Gobierno no habla: la que mantiene con el consenso democrático. En el oficialismo, que a estas alturas parece decidido a protagonizar una desvergüenza por semana, no parece haber intenciones de revertir ese déficit.
