Por Álvaro José Aurane | Para Info del Estero
Mañana se evoca la jornada más trágicamente importante de la historia reciente de la Argentina. Se cumple otro aniversario (el número 49, en rigor) de la peor hora de este país. Corresponde al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que instauró la última dictadura. La del genocidio nacional.
El trauma de la supresión del Estado Constitucional de Derecho trasciende generaciones. El presente está atravesado de aquellos años de oprobio. Sin embargo, la conmemoración llega en momentos en que el horror resulta relativizado, cuando no banalizado. Es que en Argentina, hoy, la escena política se reduce a un griterío (Javier Milei y Cristina Kirchner intercambian rótulos penales de “estafador” y “corrupta”; y en el Congreso hay diputadas con megáfono).
El 24 de marzo es, para una multitud, tan sólo un feriado para hacer turismo de semana largo. Y, por sobre todas las cosas, muchos de los que sí reparan en el aniversario del espanto lo hacen desde la lógica equivocada: “la teoría de los dos demonios”. La que nunca se desterró. La que ahora reinstalan sectores del oficialismo nacional.
El maniqueísmo
“La teoría de los dos demonios” se aposenta en la escena nacional con el retorno de la democracia. En el principio fue uno de los argumentos centrales esgrimidos por los protagonistas de la dictadura para justificar su accionar. Sostiene que los militares se vieron obligados a transformarse en un “demonio” para enfrentar al “demonio” de las guerrillas, los insurgentes, los subversivos, los terroristas, los revolucionarios o como se prefiera denominarlos, según la ideología de cada lector.
Después hubo una nueva versión: una viceversa. En ese caso, frente al “demonio” militar, que había perpetrado cuanto menos un golpe de Estado por década en el medio siglo inmediato (el de 1930 contra Hipólito Yrigoyen; el de 1943 contra Ramón Castillo; el de 1955 contra Juan Domingo Perón; el de 1962 contra Arturo Frondizi; el de 1966 contra Arturo Illia), un grupo de ciudadanos idealistas y de dirigentes del campo popular no tuvieron otra alternativa sino seguir el camino de las armas.
En cualquiera de sus ediciones, “la teoría de los dos demonios” es un maniqueísmo: una falacia que obliga a un pensamiento binario, donde pareciera que sólo hay dos opciones inevitables: el infierno de las organizaciones armadas o el infierno de la dictadura militar. Esa bipolaridad impide ver los matices, que no son hipótesis sino la historia de otros países, que no siguieron la vía argentina. Se torna imperativo, entonces, pensar por fuera de estas “totalidades” irreductibles. Cuando se intenta ese ejercicio se advierte que “la teoría de los dos demonios” busca o la “santificación” de un sector o la equiparación entre dos terrorismos. Y ni lo uno ni lo otro se asemeja a los hechos.
El contexto
La violencia que eclosiona en la década de 1970 se incubó durante años. Los fusilamientos de José León Suárez perpetrados en 1956 por la autodenominada “Revolución Libertadora” (1955-1958), sacados a la luz por la tarea periodística de Rodolfo Walsh, son un punto de inflexión: los golpistas masacran en un descampado a sospechosos de tramar una contrarevolución en la noche en que los detienen. Huelga decir que no hubo proceso judicial ni principio de inocencia ni garantías legales.
Ya en los 60 la violencia social es moneda corriente. Durante la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), que cerró una docena de ingenios en Tucumán e intervino las universidades nacionales, estudiantes y obreros protagonizaron el “rosariazo”, el “correntinazo”, el “tucumanazo” y el “cordobazo”. Surgen ya organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. Estos últimos, en 1970, secuestran y asesinan a Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto de la dictadura en que se ejecutaron los fusilamientos de 1956.
Para la década de 1970, la Argentina está estragada por el terrorismo de izquierda de estos grupos armados, y el terrorismo de derecha de la “Triple A”. Era tan común el asesinato que no llegaban a esclarecerse. Un ejemplo es el del cura Carlos Mugica: Montoneros y la “Triple A” se adjudicaron mutuamente ese crimen. En el libro “Padre Mugica”, Ceferino Reato dice que el peronismo no era inocente de lo que ocurría: desde el exilio, Perón había alentado la violencia de los “montos”, que esperaban su regreso para concretar una revolución socialista. El viejo líder no quería tal cosa, pero cuando volvió al poder -dice Reato- no pudo desactivar lo que había armado. En paralelo, la “Triple A” era un escuadrón paraestatal, animado por el ministro de Desarrollo Social, José López Rega.
Establecido el contexto, lo que no puede hacerse es equiparar el terrorismo de esos grupos armados con el terrorismo de estado montado a partir del golpe del 1976. Por muchas razones. En primer lugar, una diferencia material insalvable. Los argentinos tenían Fuerzas Armadas que los protegieran del terrorismo, pero no contaban con un Ejército nacional que los protegiera del Ejército nacional.
En segundo término, el terrorismo de estado atenta contra la naturaleza misma del Estado. La razón de ser del Estado es la vigencia de la ley. Si algo no puede hacer el Estado, por lo tanto, es delinquir. Dicho de otro modo: lo único que no podemos hacer contra los caníbales es comérnoslos. Porque si lo hiciéramos no habríamos liquidado a los antropófagos: sólo los habríamos reemplazado. Ello mismo ocurrió con la última dictadura: en nombre de terminar con el terrorismo de las organizaciones armadas terminaron convirtiendo a la Argentina en un estado terrorista.
Los crímenes aberrantes perpetrados por las organizaciones armadas no pueden justificar crímenes aberrantes perpetrados por el Estado, justamente, porque en el Estado Constitucional de Derecho todos los seres humanos, incluso los más execrables, tienen derechos y garantías. Por caso, el ejemplar “Juicio a las Juntas Militares”, del que se cumplen 40 años el mes que viene, respetó esas garantías de los jerarcas de la última dictadura. No se crearon tribunales especiales para juzgarlos: sus procesos se celebraron en la Justicia ordinaria y con las normas del Código Penal.
La “guerra”
“La teoría de los dos demonios” traficó también la noción de que las Fuerzas Armadas libraron “una guerra contra el terrorismo”. Es otra falacia que busca equiparar a los bandos en pugna. Sin embargo, no se trató de una guerra: no fue declarada como tal ante los organismos internacionales. Pero supóngase por un momento que esa falacia es admisible: también existe el derecho de guerra. Uno de sus aspectos esenciales es la protección de los civiles en conflictos armados. Los mismos jerarcas de la última dictadura lo conocían perfectamente, según lo enseñaron con el ejemplo.
El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” es el que llevó el país a la Guerra del Atlántico Sur en 1982. En ese conflicto, no hubo ni una sola víctima “colateral”. De los 252 británicos caídos en Malvinas, tres eran ocupantes de las islas, pero perecieron en batallas porque prestaban servicios al ejército inglés, ya sea como baqueanos o como operadores de radio. En abril de 2008, en las islas Malvinas, el guía Anthony Smith declaraba a este columnista -tal como se publicó oportunamente- que cuando se produjo el desembarco de las fuerzas argentinas cundió el pánico entre los ocupantes del archipiélago. Si los militares argentinos trataban a sus compatriotas como ya se denunciaba en varios países, razonaban que serían infinitamente más brutales contra los de otra nacionalidad. Pero no fue así. Sólo estaban ensañados contra los argentinos.
Entonces, si por un instante se aceptara que lo de 1976 a 1983 fue una guerra, los responsables de la represión serían criminales de guerra. En los conflictos armados no está permitido secuestrar civiles, torturarlos, asesinarlos y desaparecer sus cuerpos; ni tampoco abusar sexualmente de mujeres, embarazarlas, hacerlas parir en cautiverio, secuestrar a los recién nacidos y robarles su identidad.
Finalmente, “La teoría de los dos demonios” y su falsa bipolaridad, según la cual todo cuanto había por optar era entre el terrorismo de las organizaciones armadas o el terrorismo de estado, evita reparar que en la misma época otros países, con peores antecedentes que el nuestro, siguieron el camino de la legalidad. Es el caso de Italia. El grupo terrorista “Brigadas Rojas”, nacido a finales de la década del 60 en círculos estudiantiles de izquierda, buscó llegar al poder en la década siguiente mediante la lucha armada. En 1974 secuestraron al juez Mario Sossi: lo soltaron a cambio de que fueran liberados ocho “brigadistas” presos. El 16 de marzo de 1978 secuestraron al ex primer ministro Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana. Lo hallaron muerto el 6 de mayo de ese año.
El Estado italiano, el mismo que décadas antes había instaurado el régimen totalitario del fascismo de Benito Mussolini, ese que acompañó el mal absoluto del nazismo y del Tercer Reich alemán, decidió combatir a las “Brigadas Rojas” dentro de la ley. Y lo logró. No hubo terrorismo de estado.
La evolución
“La teoría de los dos demonios” ha sobrevivido y mutado a lo largo de los gobiernos. Por caso, se cuestiona del gobierno de Raúl Alfonsín que, antes del decreto 158/83 (propició el juzgamiento de las juntas militares), dictase el 157/83, que promovía la persecución judicial de cabecillas del ERP (Enrique Gorriarán Merlo) y de Montoneros (Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Cirilo Perdía y Héctor Pedro Pardo). Los críticos sostienen que se equiparó el terrorismo de grupos armados con el terrorismo de estado. También el prólogo del “Nunca más”, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), merece objeciones de este tipo. Claro que también hay defensores de esas medidas. Ese debate se hace patente, por ejemplo, en el libro “Cuando hicimos historia”, de Roberto Gargarella, Agustina Ramón Michel y Lautario García Alonso, que publicó este mes “Siglo Veintiuno Editores”.
El kirchnerismo reversionó esta cuestión cuando en 2006 reeditó el “Nunca más” con otro prólogo, que detonó una feroz polémica. Las críticas se pueden sintetizar en que esta rectificación presentaba ahora a las organizaciones armadas como expresiones de “la juventud maravillosa”. Esa tesis de exculpación fue acompañada de la declaración, por ley, del golpe de estado de 1976 como “una dictadura cívico-militar”. Para no pocos, esa generalización supuso coparticipar responsabilidades hasta diluirlas, pues no se brinda precisión alguna. Si todos fueron culpables, entonces nadie lo fue.
En la actualidad, con el gobierno de La Libertad Avanza, se instaló el reclamo de “memoria completa”, que no es nuevo ni es otra cosa más que un retorno a “la teoría de los demonios”. Uno de los argumentos centrales es que se castigó a los responsables de las juntas militares, pero no a los líderes de las organizaciones armadas. Este planteo omite dos hechos. El primero es que la dictadura prefirió asesinar a muchos responsables de esos grupos, en lugar de someterlos a procesos que probaran sus delitos. El otro es que numerosos cabecillas de esas organizaciones fueron condenados en democracia, pero liberados (junto con militares) con los indultos de Carlos Menem. El mismo Menem a quien Milei entroniza como “el mejor Presidente de la historia”.
La historia no se construye desde el ejercicio del reduccionismo maniqueo sino desde el esfuerzo por comprender los complejos procesos sociales. Y se escribe con documentos, no con la “memoria”, que es selectiva, parcial y falsable. Mucho menos, con la memoria de los políticos.
