Desde el año pasado que la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es crítica y sus reparticiones en la provincia no son la excepción. Con vaivenes en acuerdos sobre una reestructuración, el Gobierno Nacional logró desgastar el recurso humano y “comprar” voluntades de consejeros representantes para continuar con un plan de “desguace” de la entidad.
Es similar a lo ocurrido en el Gobierno de Carlos Menem, dice José Salvatierra, secretario gremial de la Seccional Santiago del Estero de la Asociación del Personal del INTA (APINTA). Pero con el agravante de que esta vez quieren echar a los trabajadores, sin indemnizarlos. Está seguro también de que se encaminan a cerrar agencias experimentales y vender los campos en los que trabajan, bajo el argumento de que son hectáreas ociosas.
El Gobierno Nacional puso sus propios jugadores en la cancha y buscó adeptos para recortar personal y presupuesto. “Entre febrero y marzo, entre reunión y reunión, han ido comprando a los consejeros (representantes) que tiene el INTA de la Federación Agraria, de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), de las universidades… Esos consejeros son siete y tres son de la presidencia”, explicó. Allí es donde surgen las directivas que bajan a las regiones y provincias.
Hace unos días, el Consejo Directivo del INTA resolvió aprobar una modificación de la estructura que crea una Secretaría de Coordinación en reemplazo de las facultades del Director Nacional. Esa cúpula será de ahora en más la que aplique las reformas que solicita el Ejecutivo. Una clara señal de la pérdida de “autarquía operativa y financiera” que alguna vez tuvo.
Intimaciones y desfasaje salarial
En 2024, los trabajadores comenzaron a ser “intimados” a retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y sometidos al desfasaje salarial. Pero el ajuste no parece ser suficiente y ahora quiere llevarse puesta una tanda más de empleados, entre técnicos y profesionales.
“Hay gente grande que ha pasado a una planta no permanente primero y después a permanente. O sea, se han ido adaptando a situaciones complejas de trabajo. Si se adaptaban, quedaban y si no se adaptaban, no quedaban. El INTA tiene un filtro, de todas maneras. Esos ayudantes, algunos eran mayores, (de unos 45, 50 años), gente que por primera vez en su vida cobraba un sueldo con descuentos para la jubilación y todo eso. Ahora, no logra tener los años de aporte jubilatorio y los intiman a que se jubilen y los jubilan con la mínima”, explicó Salvatierra.
El recorte en recursos humanos “se presentan así de distintas maneras”. Para el secretario gremial, en la provincia se verá resentido el campo experimental. “Se están yendo muchos ayudantes técnicos, profesionales también. Nosotros tenemos alrededor de 180 empleados que están distribuidos en toda la provincia”, indicó.
Las condiciones salariales tampoco colaboran. “No nos aumentan y cuando aumentan es el 0.3%, 0.4%, como haciéndonos burla”, comentó el trabajador y remarcó que, pese a lo que dice el índice inflacionario, la realidad es distinta: “ahora con 100 mil pesos, te vas a comprar siete kilos de carne y ya quedas sin nada”.
En venta
Preocupan también las intenciones del Gobierno de vender las propiedades del INTA. “A ellos lo que les interesa es sacar gente y vender. Aquí han andado dos personas viendo el campo. Son contadores públicos, no entienden nada de lo que es agricultura, pero vienen a ver qué pueden vender”, reveló Salvatierra.
En ese sentido, indicó que en Santiago del Estero, “el INTA tiene un campo de 7500 hectáreas en La Abrita”, a 20 kilómetros de la ciudad Capital. “Son hectáreas distribuidas en montes altos, montes bajos, y abras también, con pasturas naturales”, reflejó. Para el Ejecutivo, se trata de predios “ociosos”; sin embargo son los terrenos en los que los técnicos y profesionales llevan adelante sus estudios.
