Por Álvaro José Aurane | Para Info del Estero
Un apotegma acuñado por la izquierda argentina sostiene que “el ajuste sólo cierra con represión”. Fue bandera cuando moría el siglo XX y nacía el actual, hacia el final del neoliberalismo menemista y el inicio de la fracasada experiencia de la Alianza. Esta terminó con las criminales acciones represivas del 19 y el 20 de diciembre de 2001, que dejó al país con decenas de muertos y sin Presidente.
Afortunadamente, la “materia” de esa sentencia, por ahora (y ojalá por mucho tiempo), no está presente en la coyuntura argentina. Al menos, no como hace un cuarto de siglo. Claro que hay protesta social y por supuesto que hay un polémico “protocolo antipiquetes” para impedir el corte de calles. También han ocurrido incidentes oprobiosos. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, golpeado con una granada de gas lacrimógeno lanzada intencionalmente contras quienes manifestaban en el Congreso, el mes pasado, es gravísimo. Pero sin devaluar estos hechos, no menos cierto es que no son equiparables en magnitud con los que signaron aquí el alumbramiento de esta centuria.
Eso sí, “el ajuste sólo cierra con represión” es una “idea” con una lógica en extremo vigente en lo que va de este siglo XXI. La gestión de La Libertad Avanza parece aplicarla con ahínco.
A despecho de la advertencia freudiana de que la realidad siempre está más allá del deseo, el oficialismo nacional, desde el Presidente de la Nación hacia abajo, apela a la violencia simbólica para reprimir cualquier objeción contra las medidas de la Casa Rosada. En definitiva, tratan de que los hechos se ajusten al discurso reprimiendo cualquier disenso. Sin embargo, el patoterismo discursivo, en redes sociales y medios masivos, no elimina lo real. Del mismo modo en que, en la protesta callejera, la acción policial libera las calles, pero no el malestar social que la promueve.
Semántica
Luego del estreno de las “bandas de flotación libre” para el dólar, esquema usado para salir del “cepo” cambiario, operó una devaluación real del peso argentino. La cotización oficial de la divisa estadounidense pasó de 1.097 pesos, el pasado viernes 11, a 1.160 pesos el miércoles pasado.
Dos cosas aparecen innegables al respecto. La primera es que esa variación no representa ningún cimbronazo, mucho menos si se tiene en cuenta el beneficio que representa que la cotización del dólar ahora ya no demande la multimillonaria sangría de reservas del Banco Central (así se venía dando con el esquema anterior), dado que ahora la compra y venta depende de particulares.
La segunda, derivada del mero cotejo de cifras, es que el peso se depreció casi un 5,8% en una semana. Sin embargo, las reacciones oficialistas demonizaron a periodistas y economistas que hablaron de devaluación, haciendo hincapié en que el Gobierno no dispuso una depreciación sino que ahora depende de la libre oferta en el mercado. Aquí, la semana pasada, se trazó la diferencia entre teoría y realidad. Y, por cierto, los bolsillos argentinos no van de compras con semánticas.
Espontaneidades
Esta devaluación hizo patente lo que ya se había anticipado en esta columna el domingo pasado: esta situación acarreará un “saltito inflacionario”, habían previsto los economistas Miguel Palou y Pablo Pero. De hecho, la inflación perdió su tendencia a la desaceleración en el bimestre pasado. Del 2,2% de enero pasó a 2,4% en febrero y al estridente 3,7% en marzo. Se espera, cuando menos otro bimestre con tendencia similar. El resultado fue la inmediata remarcación de precios por parte de las empresas de alimentos y artículos de limpieza, que remarcaron los precios con porcentajes hasta el 12%. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, las fustigó y “celebró” que los supermercados “espontáneamente” rechazaran esos productos. Las automotrices fueron más sutiles. Avisaron que esperaran a que se “estabilice” la cotización del dólar para “mandar las nuevas listas de precios”.
El aumento de la inflación ocasiona la caída en el poder adquisitivo de los salarios. Se mantendrá así hasta que se logre un punto de estabilización y se recompongan los salarios, dado que la Casa Rosada no homologa los aumentos de haberes por encima de la inflación. Con lo cual, como también adelantaron los especialistas, es esperable un escenario de “precios en suba y sueldos en baja”.
Los bancos también tomaron nota de la pérdida de valor de la moneda nacional. Las líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas exhibieron aumentos en la tasa de interés que, en algunos casos, fue de 20 puntos porcentuales. Antes, el BCRA había subido la tasa de referencia, que pasó del 30% al 37%. El objetivo es que los ahorristas mantengan sus tenencias en pesos, en lugar de dolarizarlas. Así se alivia la “presión” sobre el tipo de cambio, ahora que no hay “cepo”.
La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el subsiguiente desembolso de dólares representaron un verdadero alivio para el oficialismo y, por supuesto, para la cotidianidad de los argentinos. Además, colocó las reservas del BCRA en saldo positivo por primera vez en demasiados años. A la par, le da previsibilidad al Estado respecto del cumplimiento de sus vencimientos de deuda, que viene liquidando en efectivo (caso para nada común en la actualidad), con lo que el oficialismo se entusiasma con obtener la calificación de “economía emergente” a mediados de año. La contracara es el incontrastable incremento de la deuda externa.
Tanto estas medidas, como sus consecuencias, desarticulan la construcción conceptual que el oficialismo hizo de sí mismo. Es decir, lo desnaturalizan.
Inmoralidades
Este es el Gobierno que execró a quienes advirtieron que el atraso cambiario era palmario en la Argentina. La evidencia fue irrefutable durante el verano de la masiva migración de compatriotas a las playas de Brasil. Pero el presidente, Javier Milei, acusaba a quienes alertaban sobre la pérdida de competitividad argentina como consecuencia del “dólar barato” de “operar para que haya una devaluación” y para que “millones de argentinos caigan en la pobreza”. ¿Y ahora?
Milei, siendo diputado nacional, en 2022 no sólo se opuso al acuerdo con el FMI del cuarto gobierno “K”: calificó de inmoral el hecho de que el Estado tomara más deuda. “Hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan. ¿Si? Nuestros hijos. Nuestros nietos. Y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía. Y que cuando estén por llegar al mundo, acá ya les cargaron deuda. Es decir, a la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos ante algo profundamente inmoral”. ¿Y ahora?
No consiste en meras contradicciones. Se trata de determinar cuál es la identidad del proyecto político que gobierna el país. Por caso, es este Gobierno del presidente que hace tres años se reivindicaba liberal el que, en su violento intento de ajustar la realidad a su discurso, reprime libertades que ningún liberal, siquiera, toleraría. Ya sea por el valor material de esas libertades, como la libre formación de los precios o el libre acuerdo de los salarios (paritarias), ambas propias del “libre mercado”. Ya sea por su valor moral, como es la libertad de expresión y, en especial, como la libertad del disenso. El liberalismo nació a la realidad con la Revolución Francesa, antes de la cual, precisamente, la voluntad del monarca absoluto era incuestionable.
Claro está, no faltan los “aclaradores” que sostienen que, en realidad, Milei no es “liberal” sino, en realidad, “libertario”. Abordar esa cuestión demanda de una lectura de 330 páginas.
Libertario
Uno de los “próceres” contemporáneos de esta corriente fue el filósofo estadounidense Robert Nozick (1938-2002), quien a principios de la década de 1970 publica “Anarquía, Estado y Utopía”. El ensayo, en el cual el autor se reivindica libertario desde el prefacio, justifica el “Estado mínimo” (el cual prefiere antes que a la anarquía) a la vez que declara injustificable cualquier otra clase de Estado. Reniega de la “justicia distributiva” y polemiza con John Rawls (los dos fueron catedráticos de Harvard), quien había publicado antes su “Teoría de la Justicia”. Nozick le opone el concepto de “justicia retributiva”: dar a otro lo que tiene derecho a pretender (en los términos de Grocio). Y sustituir pautas como el merecimiento moral por las de la utilidad social. Porque “hay diferentes individuos con vidas separadas y, por tanto, ninguno puede ser sacrificado por los demás”.
“Mis conclusiones principales son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera, se justifica. Cualquier Estado más extenso violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por tanto, no se justifica. (…) Dos implicaciones notables son que el Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros; o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección”.
El Gobierno argentino actual se muestra convencido respecto del “Estado mínimo” en cuestiones variadas. Desde la eliminación de los subsidios en los servicios públicos, con el consecuente aumento de la facturación que resienten los pobres mucho más al resto; hasta el decreto por el cual la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) ya no tendrá la facultad de querellar, porque así lo pide Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y porque de ese modo se “despolitiza” su proceder.
Sin embargo, olvida los límites de ese “Estado mínimo” en no menos asuntos. A los ataques contra economistas y periodistas por lo que opinan, y a las amenazas veladas a los formadores de precios, durante esta semana sumó un apriete. Apuró a los productores del campo para que liquiden sus cosechas. Anunció que volverá a incrementar las retenciones a la exportación de granos a mediados de año, aún contra el compromiso con el FMI para bajar la presión fiscal. ¿Y ahora?
Y ahora resulta que en la versión local de los libertarios, el Estado sí puede usar su aparato coactivo para hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros. Esos “otros” son los que gobiernan.
