Este jueves, el Gobierno de la Nación adjudicó a once bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos. La medida va en consonancia con las intenciones de Javier Milei de desregular el “monopolio” que tenía el Banco de la Nación Argentina (BNA), el único que estaba habilitado a estos fines.
Una nueva norma que forma parte del plan destinado a que las reparticiones del Estado no queden obligadas a contratar los servicios de BNA, Nación Seguros e YPF. En ese sentido fueron los decretos 70/2023 y 747/24 que impulsó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger.
Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional que así lo requieran podrán utilizar, además del BNA, los nuevos proveedores seleccionados:
**Credicoop
**Patagonia
**Santander
**ICBC
**Galicia
**BBVA
**Macro
*Supervielle
Según publica Infobae, la decisión administrativa también “desestimó las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank”.
“Que, en virtud de ello, corresponde instruir a las referidas jurisdicciones y entidades a que confeccionen los términos de referencia, tomando en consideración los parámetros contemplados en el Pliego para la elaboración del plan de trabajo y, evaluarlos priorizando sobre los servicios básicos ya comprendidos los mayores beneficios que puedan obtenerse para el personal estatal, entre los que deberá considerarse especialmente, por su conveniencia, el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales”, explica.
El decreto 70/2023 contemplaba que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarían más de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga.
Luego, mediante el decreto 747/2024, se derogó en agosto pasado la obligación de implementar el pago de haberes al personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración pública mediante el Banco Nación, además de la obligación de rescindir todos los contratos vigentes con el BNA en el plazo de un año.
