La Fiscalía imputó formalmente a la enfermera que asistía a la psicopedagoga Patricia Leyría, a la que le habría aplicado drogas a través de inyectables que provocaron un rápido deterioro de su salud y terminaron provocando su muerte.
Fuentes judiciales informaron que el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Callegaris, lleva adelante una investigación en la cual se encuentra acusada una joven enfermera la cual fue imputada por los delitos de “Homicidio culposo, peculado y uso indebido de estupefacientes”.
Según la hipótesis fiscal, la imputada, en su rol de enfermera del Hospital Regional, habría sustraído ampollas de Fentanilo y Midazolam del área de Cuidados Paliativos y Oncología del mencionado establecimiento.
Posteriormente, habría administrado dichas sustancias sin indicación médica a la paciente Patricia del Valle Leyria, en su domicilio particular.
Estos hechos se habrían reiterado en varias oportunidades hasta que, el pasado 3 de abril del corriente año, tras una nueva aplicación de ambos medicamentos en dosis excesivas, la paciente sufrió un deterioro abrupto de salud que le provocó la muerte en cuestión de minutos.
Al tomar conocimiento del hecho, el Ministerio Público Fiscal intervino de forma inmediata y dispuso la detención de la profesional de la salud ordenando la realización de todas las diligencias y pericias necesarias para esclarecer el hecho.
Asimismo, se destaca la colaboración del Ministerio de Salud de la provincia, cuyo aporte fue fundamental para la identificación y trazabilidad de las sustancias sustraídas del hospital.
Desde la Fiscalía se informó que continúan llevándose a cabo todas las acciones pertinentes para avanzar con la investigación.
Advertencia
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal advirtió en un comunicado a la población que la sustracción de medicamentos de hospitales o instituciones públicas constituye un delito penal que puede ser sancionado con penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Además de ser una grave infracción legal, representa un serio riesgo para la salud y la vida de las personas y afecta directamente el correcto funcionamiento del sistema de salud pública.
