El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel suma un nuevo capítulo a su política de desmalvinización con la cancelación de la Ley 27.671, que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas para quienes se desempeñan en la función pública. Esta medida, que ha generado un fuerte repudio en diversos sectores, representa un claro retroceso en la construcción de una política de Estado que defienda los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La normativa, aprobada en 2022 y plenamente vigente, ya había sido implementada con éxito hasta el 10 de diciembre de 2023: más de 3 mil funcionarios y funcionarias del Estado nacional habían completado la capacitación, que contaba con lineamientos, contenidos y una plataforma virtual desarrollada por el INAP. Todo este proceso fue impulsado por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y respaldado por instituciones como el Consejo Nacional Malvinas, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Comisión de Veteranos de Guerra, sindicatos y gobiernos provinciales.
Sin embargo, el actual gobierno interrumpió arbitrariamente su implementación, desactivando incluso la Mesa de Acción y Seguimiento que articulaba con organizaciones civiles y académicas. La decisión pone en evidencia un incumplimiento flagrante de la legislación vigente y un profundo desprecio por una causa nacional sostenida por amplios consensos políticos y sociales.
La cancelación de esta política de formación ocurre en un contexto de alineamiento internacional con potencias extranjeras, en particular con los Estados Unidos y el Reino Unido, país que mantiene la ocupación ilegítima de una parte del territorio argentino. La actitud del presidente y su vicepresidenta, marcada por un discurso desinteresado y complaciente en torno al 2 de abril, ha sido señalada como un claro guiño antipatria que contrasta con décadas de defensa soberana.
Frente a esta situación, legisladores de Unión por la Patria presentaron un Proyecto de Declaración en la Cámara de Diputados que exige la reactivación urgente de la capacitación sobre Malvinas. El proyecto está encabezado por el diputado chaqueño y veterano de guerra Aldo Leiva, quien advierte que “la formación sobre la Cuestión Malvinas es un antídoto contra el colonialismo cultural y el desprecio por lo nacional que se promueve desde las más altas esferas del poder”.
A pesar del vaciamiento impulsado por la Nación, algunas provincias y municipios continúan sosteniendo la capacitación dentro de sus posibilidades. Tal es el caso del municipio de Río Grande en Tierra del Fuego o del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que han asumido el compromiso de seguir formando a sus agentes públicos.
Fuente: Página 12
