Un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expuso que el 77 % de las trabajadoras domésticas en Argentina no cuenta con registro formal. El dato fue difundido en un encuentro realizado en la Biblioteca Nacional, donde participaron representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Diana Edith García, directora del Tribunal, explicó que muchos empleadores desconocen el procedimiento para registrar a las trabajadoras de casas particulares. Según García, esta falta de conocimiento, sumada al vínculo afectivo que suele surgir en este tipo de relaciones laborales, contribuye a la informalidad. “Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte”, precisó.
La directora también señaló que una parte significativa de los empleadores son adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para completar los trámites debido a problemas de movilidad o falta de manejo de herramientas tecnológicas.
Por otra parte, desde el Tribunal advirtieron que la informalidad también afecta a muchas trabajadoras migrantes que encuentran en el servicio doméstico su primer empleo en el país. En algunos casos, ellas mismas solicitan no ser registradas, debido a su situación migratoria irregular o antecedentes personales.
García remarcó que entre los empleadores de mayor poder adquisitivo existe mayor cumplimiento de las obligaciones formales, incentivado en parte por los beneficios fiscales que implica la registración. Sin embargo, en los sectores de clase media, donde el servicio suele ser más urgente y menos planificado, el registro resulta menos frecuente.
Al detectar vínculos laborales no registrados o registrados de forma deficiente, el Tribunal da intervención al ARCA (Administración de Recursos de la Seguridad Social) para que avance con los procedimientos correspondientes. Los aportes recuperados, en esos casos, no llegan a las trabajadoras afectadas sino que se dirigen directamente al Estado. García sostuvo que sería necesario impulsar una reforma legislativa que contemple esta situación.
