La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) atraviesa una grave crisis desde que fue intervenida por el gobierno nacional el pasado 26 de octubre de 2024. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud a través de la resolución 3948/24, y dejó sin efecto al Consejo Directivo que había asumido apenas en julio. La intervención fue prorrogada recientemente por seis meses más.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Santiago del Estero, y sus seccionales en todo el territorio provincial, denunciaron un “desguace” de la obra social y advirtieron que miles de familias rurales están siendo perjudicadas por la suspensión de prestaciones médicas en todo el territorio provincial.
Gonzalo Llanos, subdelegado provincial de UATRE, habló con INFO DEL ESTERO y manifestó su profunda preocupación: “Estamos viendo un desmejoramiento absoluto de la obra social de nuestros afiliados. Esto afecta a todos, en cada rincón de la provincia”.
Llanos explicó que OSPRERA terceriza las prestaciones médicas en las provincias, y que en Santiago del Estero hubo un corte total del servicio durante casi tres semanas, sin ningún tipo de aviso previo. Aunque en las últimas semanas se han comenzado a firmar convenios con algunos profesionales de la salud, la situación lejos está de mejorar.
Trámites “engorrosos” para los afiliados
“Quieren digitalizar el acceso a la salud mediante la telemedicina, pero eso es muy difícil para muchos de nuestros trabajadores. Hay zonas sin acceso a internet, y muchos no saben cómo cargar datos en el sistema”, advirtió el dirigente.
Desde UATRE aseguran que hay cartas documento enviadas por las delegaciones locales y que a nivel nacional ya se han presentado denuncias formales. Incluso, Llanos denunció que hubo muertes de afiliados por falta de acceso a tratamientos como la hemodiálisis.
Más de 20.000 santiagueños afectados
La situación ya afecta a más de 20.000 santiagueños, quienes se ven forzados a abandonar tratamientos médicos, recurrir al colapsado sistema público de salud, o sufrir el agravamiento de enfermedades por falta de atención.
“Desde el interior, nuestros delegados han enviado informes que elevamos a nivel nacional, pero no hemos logrado mucho”, lamentó Llanos.
Finalmente, el dirigente denunció que la intervención tiene irregularidades de fondo y que estaría motivada por intereses económicos del actual gobierno nacional.
“Dibujaron un informe que no existe y con eso cerraron más de 700 oficinas de UATRE. Creemos que quieren hacer caja para el gobierno. La intervención fue ordenada por Marcelo Lugones, actual ministro de Salud de la Nación y opositor a la anterior Comisión Directiva“, afirmó.
