El tendal de estafados no tiene precedentes. Las primeras estimaciones hablan que podrían llegar a los 30 mil y que poniéndole un número, en dólares, la estafa podría estar cerca de los 500 millones de dólares, solo con hacer un promedio 15 mil dólares estadounidenses invertidos por cada persona. Probablemente sea la mayor estafa inmobiliaria de la historia del país, con “epicentro” en Córdoba, de donde son los hermanos Márquez, pero que se ramificó a varias provincias argentinas y entre ellas Santiago del Estero.
INFO DEL ESTERO dialogó de manera exclusiva en una entrevista de 10 preguntas a uno de los abogados más activos en esta causa, el doctor Pablo Fernández País, socio del estudio jurídico Fernández Saiz & Orchansky, de Córdoba Capital, en la cual se refirió a la reciente quiebra decretada por la justicia de Márquez & Asociados, sus derivaciones, sus similitudes con el caso Cositorto y la posibiliad concreta o no de recuperar algo del dinero invertido por parte de los damnificados.
IDE: ¿Qué significa legal y jurídicamente la quiebra de Márquez & Asociados?
PFP: “La reciente declaración de quiebra de Márquez & Asociados implica que la empresa ha sido reconocida judicialmente como insolvente, incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras. Esto conlleva a la apertura de un proceso concursal en el cual se liquidarán sus activos para satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas con los acreedores. El juez Sergio Ruiz lo calificó como una “quiebra pedida compleja”, por el elevado número de causas civiles y penales en curso contra la firma, así como a la multiplicidad de damnificados involucrados. Es importante destacar que, de momento, la quiebra ha sido declarada únicamente respecto de una de las empresas del grupo Márquez, pero existen otras firmas vinculadas, que también están siendo investigadas por su posible participación en las maniobras fraudulentas. Se espera que en los próximos días haya novedades al respecto, ya que la Justicia continúa analizando la situación de estas empresas y no se descarta que se dicten nuevas medidas judiciales”.
“La declaración de quiebra conlleva varias consecuencias legales, entre ellas la inhibición general de bienes, donde se ordena la indisponibilidad de los bienes inscriptos a nombre de la empresa, impidiendo su venta o transferencia. También la prohibición de pagos directos, donde se prohíbe a terceros efectuar pagos directamente a la empresa, debiendo realizarse únicamente mediante depósito en la cuenta judicial habilitada para tal fin y la verificación de créditos, donde los acreedores tienen plazo hasta el 11 de noviembre de 2025 para presentar sus solicitudes de verificación de créditos ante la sindicatura designada, conforme al protocolo judicial vigente para concursos y quiebras. Este proceso busca garantizar una distribución equitativa de los activos disponibles entre los acreedores, en función de la prelación de sus créditos. Asimismo, se espera que la investigación penal en curso permita identificar y asegurar otros bienes que puedan ser utilizados para resarcir a las víctimas”.
IDE: ¿Cuáles son los pasos siguientes para los damnificados y sus abogados?
PFP: “Los damnificados deben presentar sus solicitudes de verificación de créditos ante la sindicatura designada, con un plazo límite establecido hasta el 11 de noviembre de 2025. Este trámite es digital, conforme al protocolo judicial vigente para concursos y quiebras. Paralelamente, desde el ámbito penal, se continúa con la investigación de las conductas delictivas que dieron origen a esta situación, incluyendo la identificación y aseguramiento de bienes que puedan ser utilizados para resarcir a las víctimas. Es fundamental que los damnificados se mantengan informados y asesorados legalmente para garantizar la protección de sus derechos en ambos procesos”.
IDE: ¿Es posible que los damnificados recuperen todo, algo o una parte de lo invertido?
PFP: “La posibilidad de recuperación total de las inversiones realizadas por los damnificados es incierta y dependerá de diversos factores, incluyendo la cantidad y el valor de los activos que se logren recuperar y liquidar en el proceso de quiebra. Hasta el momento, se han incautado varios bienes, tanto en el país como en el extranjero, pero aún no se puede determinar si serán suficientes para cubrir la totalidad de las deudas. Es importante destacar que la recuperación de fondos en procesos de esta naturaleza suele ser parcial y puede llevar un tiempo considerable. No obstante, se están explorando alternativas legales para maximizar la recuperación para cada damnificado, incluyendo la posibilidad de reactivar la empresa bajo supervisión judicial para preservar su patrimonio y evitar que se diluya”.
IDE: ¿Podrían abrirse causas en otras jurisdicciones?
PFP: “No es posible que se abran procesos de quiebra o concursos paralelos en distintas jurisdicciones para la misma empresa, ya que la ley argentina establece que debe haber un único proceso concursal que concentre todas las acciones relacionadas con la insolvencia de la firma. En este caso, el proceso se tramita en Córdoba, donde la empresa tiene su sede. Sin embargo, en el ámbito penal, es factible que se inicien investigaciones en otras provincias si se presentan denuncias locales, aunque eventualmente podrían acumularse en la jurisdicción principal para evitar duplicidad de procesos”.
IDE: ¿Cuál es la situación de los detenidos tras la quiebra?
PFP: “Los principales directivos de Márquez & Asociados, incluyendo a los hermanos Matías, Juan Pablo, Lucas y Ariel Márquez, así como al contador Ramiro Nieva, están detenidos y enfrentan cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas. La quiebra no afecta su situación penal; las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y posibles penas. Además, se están investigando posibles vínculos con empresas offshore y cuentas en el extranjero, lo que podría agravar su situación legal”.
IDE: ¿Es esta una de las estafas inmobiliarias más grandes del país?
PFP: “Todavía es prematuro para poder responder esta pregunta, sin embargo, por la cantidad de damnificados y el monto involucrado, se perfila como una de las estafas inmobiliarias más significativas en Argentina. Se estima que hay más de 27.500 víctimas y miles de denuncias en distintas provincias. La magnitud del caso ha llevado a algunos medios a compararlo con el “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso, aunque en este caso el número de damnificados y el monto total defraudado serían considerablemente mayores.
IDE: ¿Hay un estimativo de damnificados y del monto global?
PFP: “Actualmente, se estima que hay más de 27.500 damnificados. El monto total defraudado aún está en evaluación, pero se trata de una cifra multimillonaria en dólares. Según algunas estimaciones, si cada damnificado aportó aproximadamente $15.000 dólares, el monto total defraudado podría ascender a $412.500.000 dólares”.
IDE: ¿Qué mensaje daría a los damnificados que piensan en rendirse?
PFP: “Entendemos profundamente el dolor y la frustración que atraviesan los damnificados. Sin embargo, es fundamental que no se resignen y continúen luchando por sus derechos, verifiquen sus créditos para lograr justicia y recuperar lo perdido. Además, la participación activa de los damnificados en el proceso es esencial para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”.
IDE: ¿Es esto una estafa tipo Ponzi o piramidal inmobiliaria?
PFP: “Aunque presenta similitudes con esquemas piramidales, técnicamente no se ha calificado como tal. La empresa ofrecía inversiones inmobiliarias que, en muchos casos, se concretaban, lo que constituye un ardid distinto. Sin embargo, la mecánica de captar fondos de nuevos clientes para cumplir con compromisos anteriores es característica de esquemas Ponzi”.
IDE: ¿Qué paralelismos hay con la estafa de Cositorto?
PFP: “Ambos casos comparten una mecánica similar: promesas de inversiones altamente rentables y una estructura que, con el tiempo, colapsó, dejando a miles de damnificados. Mientras que Generación Zoe funcionaba como una estafa piramidal de carácter financiero, Márquez & Asociados operaba en el ámbito inmobiliario, captando fondos a partir de la ilusión de acceder a la vivienda propia mediante la construcción de inmuebles a un costo por metro cuadrado irrisorio, muy por debajo del valor de mercado. En ambos esquemas, se aprovechó la confianza de los inversores y, durante un período inicial, se cumplió parcialmente con lo prometido, lo que generó una falsa sensación de seguridad y una fuerte publicidad boca a boca. Sin embargo, los fondos recaudados no fueron finalmente destinados a los fines anunciados, configurando así un ardid que derivó en un masivo perjuicio económico y social”.
