A través de un mensaje oficial emitido este miercoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno nacional anunció el lanzamiento de una profunda reforma migratoria que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida, impulsada principalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca restringir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país y establecer el pago obligatorio por el uso de determinados servicios públicos, como salud y educación.
El anuncio se realizó desde la Casa Rosada con la presencia de Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La redacción final del DNU estuvo a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal.
Las claves del nuevo decreto
Según se informó, el DNU contempla las siguientes disposiciones:
- Expulsión inmediata de quienes ingresen ilegalmente al país.
- Deportación obligatoria para extranjeros que cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
- Denegación de ingreso a personas con antecedentes penales o condenas en el extranjero.
- Arancelamiento de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares.
- Exigencia de seguro médico obligatorio para quienes ingresen al país.
- Posibilidad de cobrar aranceles universitarios a extranjeros no permanentes.
- Endurecimiento de requisitos para la obtención de la ciudadanía.
Adorni justificó la reforma señalando que “Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, y argumentó que se trata de una corrección necesaria para “ordenar el sistema migratorio y evitar abusos sobre el erario público”.
Según datos oficiales, solo en atención médica a extranjeros el Estado habría destinado en 2023 más de 114.000 millones de pesos. En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que la nueva política permitirá “reducir el peso de los servicios gratuitos que se financian con recursos del pueblo argentino”.
Un giro en la política migratoria
La decisión reactiva los lineamientos del controvertido DNU 70/17, firmado por el expresidente Mauricio Macri en 2017, que también había endurecido los mecanismos de expulsión y había sido parcialmente invalidado por la Justicia.
Durante la Apertura del 143° período de sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei ya había anticipado este paquete de medidas y lo justificó con una frase que hoy se volvió central: “No podemos ser un centro de beneficios financiado por el bolsillo de los argentinos”. En su visión, se trata de un paso hacia un país “serio” y con “reglas claras”.
Por su parte, el funcionario Lisandro Catalán profundizó la defensa de la reforma en redes sociales, asegurando que “Argentina tiene una política migratoria que invita al caos”, y sostuvo que más de un millón de personas habrían ingresado de forma irregular en las últimas dos décadas.
Controversia y expectativas
Aunque el decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, la medida ya genera polémica entre organizaciones de derechos humanos, sectores académicos y especialistas en migración, quienes advierten que el enfoque punitivista y economicista del Gobierno puede vulnerar derechos básicos consagrados en la Constitución Nacional y en acuerdos internacionales suscritos por el país.
Se espera que, una vez oficializada, la reforma enfrente cuestionamientos judiciales, como ocurrió con iniciativas similares en el pasado.
