El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para desmantelar el sistema de indemnizaciones por despido. A través de la resolución 1066/25, publicada el viernes por la Comisión Nacional de Valores (CNV), se habilitó la creación de instrumentos financieros que podrán utilizarse para conformar fondos privados de cese laboral.
La resolución se inscribe en la aplicación del artículo 96 de la Ley Bases, aprobada en julio de 2024, que prevé el reemplazo del sistema de indemnización contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo por un modelo de capitalización individual.
El modelo UOCRA como antecedente
La iniciativa toma como referencia el sistema implementado por la UOCRA durante la última dictadura militar, mediante la ley 22.250 de 1980. En ese caso, el empleador realiza aportes mensuales que luego son cobrados por el trabajador al finalizar el vínculo laboral.
Aunque en la construcción esta modalidad responde a la lógica estacional del empleo, el gobierno busca ahora extenderla al resto de las actividades. El efecto sería la eliminación del derecho a la indemnización por despido sin causa y la flexibilización total de la relación laboral.
Transformar derechos en negocios financieros
Lo más polémico del esquema es su dimensión financiera. Según el decreto reglamentario 847/2024, los fondos de cese podrán funcionar como cuentas bancarias, fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.
La CNV será el organismo encargado de fijar las pautas de inversión de estos instrumentos, que estarán en manos de entidades privadas. En escenarios de crisis o malas decisiones financieras, los ahorros de los trabajadores podrían esfumarse.
Un sistema sin estabilidad y sin garantías
El nuevo modelo desprotege al trabajador y debilita la figura del despido injustificado. El pago acumulado durante la relación laboral dependerá de las condiciones financieras del fondo, alejándose del principio de protección que guiaba el esquema de indemnización por año trabajado.
El nuevo esquema introduce la lógica del riesgo en una relación que históricamente tuvo amparo legal, debilitando aún más la estabilidad laboral y los derechos de quienes trabajan.
¿Un guiño a Comercio o una señal al Congreso?
Aunque el nuevo sistema no será obligatorio, su aplicación dependerá de los acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales. Hasta el momento, solo el gremio de Comercio expresó su voluntad de analizar el modelo, en una reunión mantenida con la ministra Sandra Pettovello a fines de 2023.
Sin embargo, esa postura le valió el aislamiento dentro del consejo directivo de la CGT, que rechaza la iniciativa. Hoy, el sindicato liderado por Armando Cavalieri mantiene un conflicto con el Gobierno por la falta de homologación del acuerdo paritario.
¿Norma simbólica o estrategia de presión?
La resolución de la CNV no tiene efectos inmediatos, pero puede leerse como una señal política clara. El gobierno insiste en avanzar con la agenda laboral incluida en el proyecto de ley impulsado por la diputada Romina Diez, aún sin tratamiento en el Congreso.
Otra lectura posible es que esta movida sea parte de una negociación para destrabar el conflicto con el sindicato de Comercio. En ambos casos, el resultado es el mismo: un retroceso en materia de derechos laborales y un avance del mercado financiero sobre las relaciones de trabajo.
