El Gobierno avanza en una reforma migratoria y este miércoles dio a conocer algunos de los puntos principales de las nuevas regulaciones. La medida fue informada por el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, junto a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
El nuevo régimen prevé un conjunto de modificaciones normativas orientadas a establecer reglas diferentes para el ingreso, permanencia y acceso a la residencia y a la ciudadanía que es la que habilita la otorgación del Pasaporte y el derecho a voto en elecciones nacionales.
Salud: El funcionario indicó que “a partir de ahora los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago”.
Educación: en el ámbito educativo, las universidades nacionales quedarán habilitadas “a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando su autonomía”.
Ciudadanía: Solo podrá obtenerse luego de dos años de residencia continua y efectiva en Argentina, sin salidas del territorio. Es decir, si una persona sale del país podrá mantener su residencia, pero se le reinicia el plazo de dos años para aspirar a la ciudadanía, esta vez sin excepciones.
En caso de no estar encuadrado en ninguno de los regímenes de residencia legal, deberá regularizar su situación obligatoriamente si quiere iniciar ese período de dos años para la ciudadanía.
Inversionistas: La normativa crea una suerte de “ciudadanía por grandes inversiones”. Se trata de un punto que deberá ser elaborado en la reglamentación posterior, pero, a modo general, servirá para acelerar el proceso de ciudadanía para aquellos extranjeros que radiquen grandes inversiones en el país.
Legales: A su vez, el Gobierno aseguró que se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones del país. En este sentido, Adorni dijo que “en la Ciudad de Buenos Aires, de los 4300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40% fue por robo o hurto”.
La normativa tendrá carácter de decreto de necesidad y urgencia porque, según plantearon desde la Rosada “hay un contexto que lo amerita”. El argumento es que la Ley de Ciudadanía N.º 346 “hoy perdió sentido y precisa un readecuamiento para evitar abusos”.
