El Gobierno nacional inició una investigación por una grave filtración de datos que afectó a las Fuerzas Armadas y comprometió información sensible de al menos 50 mil agentes del Ejército Argentino. La filtración incluyó datos personales como números de DNI, destinos de servicio, registros de viajes, domicilios particulares, datos familiares y documentación oficial, como diplomas.
Desde la administración central informaron que el hecho está siendo analizado en profundidad, aunque todavía no se identificó el origen del ataque. “Estamos en plena etapa de investigación. No sabemos quién lo promovió”, señalaron fuentes oficiales, que confirmaron que la Justicia ya tomó intervención a partir de una denuncia presentada por el propio Ejército.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, trabaja en conjunto con las áreas de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y especialistas en seguridad informática para determinar cómo se produjo la filtración. “Se activaron todos los protocolos previstos para reforzar la seguridad de la información y se aplicaron medidas especiales para restringir el acceso a los sistemas afectados”, aseguraron voceros oficiales.
La divulgación del listado con los datos de 50.000 integrantes del Ejército generó alarma dentro del Ejecutivo, que se enteró de la filtración a partir de su circulación en internet. Desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), conducida por Sergio Neiffer, reconocieron que no estaban al tanto del incidente hasta altas horas del martes.
La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), liderada por Ariel Waissbein, también comenzó a monitorear el caso. La hipótesis preliminar es que se trató de un ataque sobre información de carácter administrativo, sin impacto directo sobre las capacidades operativas de la fuerza.
Mientras tanto, el Ejército difundió un comunicado en el que confirmó que “se recibieron una serie de alertas sobre un incidente de seguridad de la información, que actualmente se encuentra bajo investigación para determinar su veracidad y atribución”. También adelantaron que podrían ampliar la denuncia judicial con nueva documentación.
El hecho se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional promueve una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. A través del decreto 1112/2024, el Ejecutivo les otorgó la facultad de actuar contra amenazas externas no estatales y reforzar controles fronterizos, incluso con la posibilidad de realizar detenciones temporales.
Asimismo, el Gobierno prepara una nueva Ley de Seguridad Nacional que ampliaría aún más el rol de los militares, y proyecta la adquisición de tecnología avanzada para fortalecer los sistemas de inteligencia. En ese marco, mantiene negociaciones con agencias como la CIA de Estados Unidos y el Mossad de Israel.
