Lo que comenzó como un culto religioso en el templo de la Iglesia Cristiana Evangélica Jerusalén del Sur, en el barrio Almirante Brown de la capital santiagueña, terminó por convertirse en el escenario de una violenta disputa interna marcada por graves denuncias de abuso sexual, divisiones irreconciliables entre fieles y una batalla campal que hoy es materia de investigación judicial.
El primer estallido ocurrió el 11 de mayo pasado, cuando una mujer interrumpió el servicio dominical con una acusación tan inesperada como contundente: señaló al pastor principal del templo por acoso mediante mensajes, y afirmó que su hija adolescente habría sido víctima de abuso sexual por parte del mismo religioso. Frente a la mirada atónita de la congregación, sumó además que conocía otros casos similares que involucrarían a fieles jóvenes.
En un intento por evitar el escándalo, el pastor ordenó continuar con la música para restablecer el orden. Pero otra mujer se sumó al reclamo, frenó a los músicos y habilitó a la denunciante a relatar con más detalle su testimonio. El clima se tornó irrespirable. La ceremonia terminó abruptamente y se convocó a una nueva reunión para el 14 de mayo, con la intención de esclarecer lo sucedido. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro de diálogo terminó en una violenta gresca.
La segunda reunión, el día del video
En esa segunda reunión, lo espiritual se desvaneció por completo. Hubo insultos, empujones, amenazas, y finalmente golpes. Videos registrados por asistentes muestran a varios feligreses intercambiando agresiones físicas, lanzando sillas, palos y otros objetos contundentes. En medio del caos, la madre de una presunta víctima debió ser escoltada por su esposo fuera del lugar ante el riesgo de sufrir lesiones.
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Lo ocurrido marcó una fractura en la comunidad religiosa. De un lado, un grupo exige respuestas claras, investigaciones internas y la salida del pastor y su círculo de liderazgo. Del otro, un sector radicalizado que defiende con vehemencia la inocencia del acusado y pide sanciones contra quienes consideran “difamadores”.
En paralelo a la crisis interna, se activó el frente judicial. Hasta la noche del martes, al menos cuatro personas habían formalizado denuncias penales con la asistencia de los abogados Laura Argañaraz y Leandro Jiménez. Entre ellas se cuentan presuntas víctimas de abuso y un feligrés que aparece en los videos filmando agresiones, sin involucrarse directamente.
Ante la posibilidad de futuras imputaciones, varios implicados en los incidentes pidieron eximiciones de prisión, entre ellos un agresor que fue claramente identificado en los registros fílmicos.
La Fiscalía continúa recolectando testimonios y pruebas, mientras la comunidad permanece dividida y sacudida por un conflicto que expuso lo más oscuro de una institución religiosa ahora bajo sospecha. La paz espiritual, por ahora, parece lejana.
