La diputada nacional por la Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó un proyecto para que los abogados puedan trabajar en el ámbito notarial. Así, cualquier letrado que tenga su matrícula, pueda ejercer competencias de los escribanos públicos, sin necesidad de que cursen una carrera específica, ni a través de exámenes corporativos.
El texto de que fue girado a la comisión de Justicia, expresa que “Toda persona con título de abogado expedido por universidad argentina reconocida o debidamente revalidado conforme a la normativa vigente, queda habilitada para ejercer la función de escribano público, sin necesidad de cursar carreras adicionales, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos cerrados impuestos por colegios notariales u organismos intermedios”.
El artículo 2º establece que los abogados matriculados podrán ejercer funciones de fe pública, autorizando instrumentos públicos “conforme a la legislación vigente, debiendo cumplir los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad profesional que rigen para los escribanos públicos”.
En el 3° agrega que “quedan sin efecto todas las disposiciones normativas, reglamentarias o estatutarias que restringen el ejercicio notarial exclusivamente a quienes posean título de escribano o pertenezcan a un colegio notarial en carácter cerrado. El título de abogado será título habilitante suficiente”.
Los argumentos
La iniciativa de Pagano, apunta a “garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados de la República Argentina, reconociendo su plena capacidad legal para ejercer funciones de fe pública, hoy indebidamente restringidas por estructuras corporativas y normativas heredadas de modelos cerrados”.
El documento agrega que “En gran parte del país, la función notarial está reservada a cupos limitados bajo control exclusivo de colegios notariales, que imponen condiciones restrictivas, exámenes internos o cargos vitalicios, que impiden el acceso de miles de abogados al ejercicio público de sus funciones profesionales”.
A su vez, destaca que la situación vigente “restringe derechos laborales y profesionales” y “encarece y limita el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos y distribuidos de forma desigual en el territorio nacional”.
“En sistemas jurídicos modernos y democráticos —como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido—, los abogados ejercen funciones notariales sin necesidad de pertenecer a una estructura corporativa separada, garantizando el acceso ciudadano a servicios jurídicos simples, descentralizados y fiscalizados”, detalla.
“Este proyecto propone una solución concreta y sencilla: reconocer que el título de abogado habilita a ejercer como escribano público, con las mismas obligaciones legales, fiscales y técnicas que ya establece la normativa notarial vigente. Se trata de desbloquear el acceso a una función pública, ampliar la competencia profesional, fomentar el federalismo profesional y eliminar privilegios gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales y públicos”, concluye.
