Este jueves, siete provincias se reclamaron por los derechos de las personas con discapacidad, quienes hacen frente a los duros recortes del Estado en materia de asistencia general. Neuquén, Mendoza, Río negro, Jujuy, Santa Fe y Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires tuvieron concentraciones de miembros de asociaciones civiles, pacientes, terapeutas y otros trabajadores del sector.
Se trata de marchar pacíficas en reclamo de una Ley de Emergencia en Discapacidad y el cese de los recortes presupuestarios. Señalan que la situación es crítica, ya que unas 200 mil personas con discapacidad podrían perder sus prestaciones, según publica MDZ.
De un lado el poder, del otro lado el pueblo.
Maestras/os integradoras/es, acompañante terapeuticos, psicopedagogas/os, psicologos/as, personas con discapacidad.
NO AL AJUSTE EN DISCAPACIDAD. No les tenemos miedo. pic.twitter.com/rUIrvhJaUb
— Joel (@Joepsi) May 29, 2025
Si bien, se trata de ajustes que ya se concretaban en gobiernos anteriores, fueron profundizados por la “motosierra” de Javier Milei. Mientras que, unos 150 mil puestos de trabajo están en riesgo. Por el momento, se estima que existe un 64% de atraso arancelario en enero 2025. El 52,9% de la población vive en situación de pobreza, y las personas con discapacidad son las más afectadas.
Próxima marcha y tratamiento de la Ley
La marcha podría repetirse el miércoles próximo, por lo que se amalgamaría a la de los jubilados. En ese entonces, debería tratarse el proyecto de Ley de Emergencia para el sector. La iniciativa propone una recompensación mensual basada en el Índice de precios al consumidor (IPC) y un estudio de costos anual, que permita ajustar los aranceles de manera realista, garantizando así los servicios previstos en la Ley 24901, con la calidad y eficiencia necesaria.
La propuesta recibe el acompañamiento del bloque del peronismo, la izquierda, de la Coalición Cívica, los dos de la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. Su autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, quien estima que el proyecto podría ser aprobado, aunque la negativa del bando libertario puede ser contundente.
El nomenclador que regula el precio de todos los servicios no se actualiza desde febrero del 2023, y si bien le Gobierno actual ha brindado aumentos, ninguno alcanzó a la inflación ni logró recompensar lo ya atrasado.
