En medio de un conflicto que no da tregua, los residentes del Hospital Garrahan ratificaron este viernes la continuidad de las medidas de fuerza ante la falta de respuestas concretas del Ministerio de Salud de la Nación. Como contrapartida, el Gobierno nacional endureció su postura: advirtió que se descontarán los días de huelga, que habrá despidos en caso de acumular más de cinco faltas, y que incluso está en riesgo la aprobación de la residencia para quienes persistan en la protesta.
La tensión escaló luego de una extensa reunión el jueves, tras la cual los residentes decidieron no acatar el pedido oficial de suspender el paro por 48 horas. Este mediodía, realizaron un acto frente al hospital y confirmaron que seguirán “firmes” en la lucha. “La decisión de continuar se basa en la falta de propuestas concretas y los acuerdos incumplidos. Ya no confiamos”, expresaron. Recordaron, además, que en 2023 el exministro Mario Russo firmó un aumento que luego fue dado de baja en pocas horas.
En respuesta, voceros del Ministerio de Salud informaron que, de mantenerse el conflicto, se procederá a descontar los días no trabajados. Además, señalaron que aquellos que acumulen cinco inasistencias serán automáticamente desafectados, como estipula el régimen de la Administración Pública Nacional. También advirtieron que los residentes que no retomen sus funciones “corren el riesgo de desaprobar la residencia”, lo que demoraría su certificación como especialistas.
Desde el Gobierno justificaron la medida con un discurso centrado en la formación profesional: “Necesitamos residentes formados para potenciar al país”, dijeron desde la administración libertaria, aunque sin presentar soluciones concretas para mejorar los ingresos, que funcionarios oficiales reconocen como “extremadamente bajos”.
La única respuesta ofrecida por la cartera que conduce Mario Lugones fue la propuesta de crear una mesa de diálogo con reuniones quincenales y la promesa de destinar futuros ahorros a mejoras salariales y ampliación de camas hospitalarias. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas incluye, por ahora, una recomposición inmediata de los haberes.
El conflicto se agudizó luego de que el presidente Javier Milei minimizara la situación en una entrevista por streaming, donde asoció el reclamo con la existencia de “ñoquis” en el sistema de salud. “¿Está de acuerdo con que haya empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo?”, dijo, al referirse a los trabajadores del Garrahan.
En contraste, desde el hospital, delegados gremiales como Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, defendieron al personal: “El 70% del personal es asistencial. No solo médicos, también enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos y tareas esenciales como esterilización”.
Mientras tanto, la viceministra Cecilia Loccisano —quien quedó a cargo de la comunicación oficial sobre el tema— evitó referirse a las condiciones laborales de los residentes, aunque desde su cartera se difundió un comunicado que afirma: “El médico no es el enemigo. Su labor es indispensable. Pero vamos a sacar a todos los que usan el hospital para hacer política”.
El conflicto continúa sin resolución a la vista, con una creciente presión oficial y el sostenido reclamo de los profesionales en formación, que insisten en su pedido de salarios dignos y condiciones laborales justas.
