Por Álvaro José Aurane | Para Info del Estero
Aunque la historia demanda distancia temporal para que pueda apreciarse cabalmente la dimensión de sus acontecimientos, los argentinos tenemos conciencia de que la condena firme contra la ex presidenta Cristina Kirchner es un hecho histórico. Uno que ha estremecido la escena política argentina. Sus proyecciones determinan que hay un antes y un después de ese acontecimiento.
Precisamente, el abordaje del hecho puede ordenarse sobre la base de ese criterio. El “antes”, consistente propiamente en la causa “Vialidad” que terminó en condena. Y el “después”, que son las derivaciones políticas del suceso. Cuanto menos, las más urgentes de ellas.
Cifras de vértigo
¿Qué es la causa “Vialidad”? Es un expediente que se inicia en 2008, a instancias de una denuncia que promueve Elisa Carrió junto con otros miembros de la entonces Coalición Cívica (la actual ministra Patricia Bullrich, entre ellos), que apuntaban a los negocios del kirchnerismo con la obra pública. Particularmente, con los trabajos viales que desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) había comenzado a recibir Lázaro Báez, quien había pasado de ser cajero en el Banco de Santa Cruz a magnate patagónico de las empresas constructoras.
En 2016, en el arranque de la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), asume en la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel, quien formula una denuncia más amplia, sobre la base de un informe que registraba la situación de las obras públicas de esa área asignadas a Santa Cruz.
Los números arrojados por la pesquisa de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa que llegó a juicio en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, en agosto de 2022, dan vértigo:
- Entre 2003 y 2015, a las empresas de Lázaron Báez le adjudicaron 51 obras viales destinadas a Santa Cruz. Son el 78% del total de las destinadas a ese distrito.
- En 50 de esos 51 obras hubo redeterminación de precios.
- En 39 de esos trabajos, Lázaro Báez obtuvo prórrogas para la ejecución. El total de aplazamientos suma 700 meses. Algo así como 63 años de prórrogas.
- Como consecuencia de esas demoras, y dado el contexto inflacionario, las empresas del grupo Báez lograron incrementos presupuestarios por 1.500 millones de pesos de la época.
- De los 51 trabajos, un total de 24 (prácticamente la mitad) terminaron abandonados.
- El perjuicio al Estado argentino fue estimado en unos 1.000 millones de dólares.
En diciembre de ese año, Cristina fue condenada a seis años de prisión, tras ser encontrada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ella reclamó siempre la absolución, denunció que la causa carecía de pruebas y que en ella intervinieron miembros del Poder Judicial que estaban comprometidos con el gobierno de Cambiemos y con medios periodísticos. Los fiscales, en tanto, reclamaron siempre que en lugar de seis años la condenaran a 12, porque sostuvieron siempre que correspondía aplicarle la pena por presunta asociación ilícita. En las distintas etapas del proceso, esta pretensión fue desestimada. Hasta la confirmación de la sentencia, el martes de la semana pasada, la causa recorrió cinco instancias juidicales, intervinieron 13 magistrados y siete fiscales diferentes. Quedó firme, también, la inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público.
La última palabra
Lo que la Corte hizo el martes fue desestimar el recurso extraordinario de queja que había interpuesto la presidenta del PJ nacional. Ese pronunciamiento del máximo tribunal puede dividirse en dos grandes capítulos. El que se refiere al “fondo” de la cuestión sostiene que lo que se discute en torno del delito y de la validez de las pruebas aportadas es un asunto que ya ha sido debatido tanto ante el Tribunal Oral Federal como ante la Cámara de Casación. Y con una prueba “profusa”.
Simultáneamente, sostiene que la defensa de Cristina no demostró que durante se hubiera incurrido en una arbitrariedad que ameritara el involucramiento de la Corte Suprema nacional, por cuanto los derechos de la ex jefa de Estado estuvieron garantizados.
En cuanto a la “forma”, el fallo reprocha que la defensa de la ex presidenta no haya respetado los protocolos establecidos para la presentación de los recursos extraordinarios federales, tanto en lo referido a la ausencia de un relato pormenorizado de los hechos como a las recusaciones de los jueces, que en ambos casos considera en planteos genéricos.
Ni hablar de inconsistencias como la de que, de los tres vocales de la Corte que dejaron firme el fallo “Vialidad”, sólo Carlos Rosenkrantz es un “desconocido” para Cristina. Ricardo Lorenzetti asumió como juez supremo en 2004, durante la presidencia de Néstor, y llegó a presidente del máximo tribunal en 2006, puesto que ejerció a lo largo de las presidencias de ella. En cuanto a Horacio Rosatti, fue el primer ministro de Justicia de Néstor cuando llegó a la Casa Rosada.
Claro está, los seguidores del kirchnerismo sostendrán que se trata de una proscripción previa a las elecciones, y que están ante la persecución política de una líder opositora. Tienen todo su derecho a considerarlo así. En definitiva, en democracia las opiniones son libres. Pero los hechos son sagrados. Y lo ocurrido con la obra pública vial en Santa Cruz es incontrastable, más allá de todas las falacias argumentales que se esgriman. Porque sí, es cierto, las consecuencias de las políticas económicas y financieras del actual gobierno libertario son ruinosas; pero nada tienen que ver con el caso de corrupción probado por una veintena de miembros del Poder Judicial en los más diferentes tribunales. ¿Todos se complotaron? ¿No será mucho para una conspiración? ¿Jamás el kirchnerismo asumirá una responsabilidad sobre su corrupción? ¿Nunca, siquiera, una autocrítica?
La doble vara
Eso sí: cuando la ex mandataria habla de una “doble vara” en el Poder Judicial, porque sólo las causas en su contra avanzaron, le asiste la razón. No ha ocurrido lo mismo con la causa conocida como “Correo Argentino”. En 1997, durante la presidencia de Carlos Menem, la empresa fue concesionada a la Sociedad Macri (SOCMA), pero en 2003 Néstor Kirchner rescindió el contrato. Y denunció a la empresa por incumplir con el pago del canon, por lo que a 2001 la deuda era de 296 millones de dólares. En 2016, durante la presidencia de Macri, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda. Los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y a abonarse desde finales de 2017. El acuerdo debía ser homologado por la Justicia comercial.
Pero ese mismo año la fiscala general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó la oferta de la empresa por considerar que era “abusiva”, implicaba un perjuicio fiscal y su aceptación dañaba “gravemente” el patrimonio del Estado. En 2017, el diputado del Frente para la Victoria Marín Sabbatella denunció penalmente a Macri por el acuerdo. La causa es uno de los expedientes “dormidos” en el despacho del juez federal Ariel Lijo, frustrado candidato a vocal de la Corte propuesto por el actual presidente Javier Milei.
Otro tanto cabe para la presunta estafa perpetrada con la criptomoneda “$Libra”, promocionada por Milei como un emprendimiento privado que buscaba fondos para financiar emprendimientos de pymes argentinas, que en cuestión de horas se llevó centenares de millones de dólares de inversores privados. La Oficina Anticorrupción, en una de las desvergüenzas destinadas a quedar en la historia, cerró la investigación administrativa en nombre de que no se cometió delito porque Milei, cuando está tuiteando en “X”, no actúa como Presidente de la Nación. ¿También habrá que esperar una década para que la Justicia argentina se pronuncie al respecto?
Aun así, y a pesar de lo justo del planteo de Cristina en torno de la “doble vara”, ello no atenúa la corrupción de la década kirchnerista, de la cual la causa “Vialidad” es apenas un botón de muestra.
Urgencias peronistas
El “después” del fallo que pone fin a futuras candidaturas de Cristina está referido, en el plazo más apremiante, al futuro del PJ nacional. En los hechos, el principal partido político del país se acaba de quedar acéfalo, más allá de lo que simbólicamente represente la ex mandataria. Pero ella ejercía como su presidenta al momento de ser ratificada su condena y su inhabilitación.
Entre las lecturas urgentes que arroja la coyuntura tres se presentan como principales. La primera de ellas es quién asumirá la conducción del Partido Justicialista. Ahí probablemente surja otra vez la discusión en torno de “Buenos Aires vs. interior”. Curiosamente, con los antecendentes de los comicios presidenciales de 2023, no son muchos los nombres que aparecen. En rigor, los únicos distritos en los que el peronismo derrotó a Milei son Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof; Santiago del Estero, gobernada por Gerardo Zamora; y Formosa, gobernada (desde tiempos inmemoriales) por Gildo Insfrán. Con este último fuertemente cuestionado por su eternización en la gobernación, que ahora intentará mantener reforma constitucional mediante, el bonaerense y el santiagueño aparecen como las dos primeras figuras “naturales” para sentarse a la mesa chicas de las decisiones. Y, eventualmente, de las definiciones.
La segunda cuestión urgente, aparejada a la anterior, está referida a si finalmente llegará o no el momento de la unidad para el PJ. En algunos distritos más, y en otros menos, lo cierto es que el PJ viene largamente fracturado. Ya sea a nivel de provincias, como en Buenos Aires, donde “La Cámpora” vota en la Legislatura en contra de las propuestas de Kicillof; hasta a nivel nacional, donde el gobernador riojano Ricardo Quintela armó una lista para enfrentar a Cristina en una interna, pero perdió en los “escritorios” de la Justicia Nacional Electoral: le dijeron que estaba “flojo” de papeles. La “unidad” sea tal vez uno de los últimos grandes servicios que Cristina le preste al PJ. En Tucumán, por caso, el gobernador Osvaldo Jaldo posteó en “X” el martes su solidaridad con la ex jefa de Estado y manifestó que el peronismo debía unirse ahora más que nunca.
Justamente, la tercera urgencia del PJ depende de esta unidad. Con su presidenta condenada y en prisión (domiciliaria, pero prisión al fin), el escenario de este año electoralísimo se configura tempranamente bipolar. En un extremo, La Libertad Avanza de Milei. En el otro, el peronismo que reinvida a Cristina. El escenario está planteado, pero no está “servido”. El PJ tiene que convertirse, con claridad, en “la” alternativa del oficialismo si quiere aprovechar esta dinámica. Es decir, no sólo ser la oposición del gobierno, sino una oposición que inspire confianza. Si no lo logra, por más polaridad que haya el escenario seguramente se encamine al del alto ausentismo de los recientes comicios de la Legislatura porteña. De un lado quedaron los libertarios y del otro un mosaico de agrupaciones con críticas poco convincentes y propuestas poco claras. El resultado fue una escena que el Gobierno nacional tempranamente resumió en la propuesta “Milei o nada”. Y resulta que a muchos le pareció que era así. Así que optaron por “Milei” fueron a votar a sus candidatos y le dieron el triunfo. Y los que prefirieron “nada” se quedaron en sus casas y no fueron a sufragar…
