“No podemos descartar que haya una banda detrás de este hecho. Una organización que podría haber enviado a la acusada a hurtar el celular del gobernador Osvaldo Jaldo para extraer información sensible que puede afectar a la seguridad pública y a las instituciones tucumanas”, aseguró la querellante Paula Morales en una audiencia donde se le dictó la prisión preventiva a la mujer de 34 años que cometió este ilícito.
El hurto se registró el miércoles por la tarde durante un acto que se desarrolló en un salón de la localidad de La Cocha. Jaldo aceptó tomarse una foto con un grupo de personas. En ese instante, Liliana Carrizo introdujo su mano en el bolsillo interno del saco y extrajo el móvil.
El dirigente tranqueño descubrió la situación al subirse al vehículo que lo trasladaría hasta San Miguel de Tucumán. Al analizar las imágenes que había tomado un fotógrafo, no sólo descubrieron cómo lo había hurtado, sino que además pudieron identificar a la autora. Funcionarios y policías se dirigieron hasta el domicilio de Carrizo, recuperaron el móvil y la aprehendieron.
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La auxiliar Emilse Guevara, siguiendo las instrucciones del fiscal Héctor Fabián Assad, acusó de hurto a Carrizo, pero también expresó que esta es una investigación que recién comienza y que busca esclarecer qué hizo la imputada durante la hora que tuvo el celular en su poder.
Por esa razón, solicitó que se le dicte la prisión preventiva por 30 días. “Con ella en libertad se puede entorpecer la investigación. Hay que tomar numerosas medidas para llegar a saber qué sucedió durante ese tiempo. Se están analizando cámaras de seguridad, entrevistando personas y analizando cuáles eran sus contactos”, indicó la representante del Ministerio Público. “Es un hecho que debe ser investigado a fondo porque aquí hay una cuestión de Estado. Desconocidos pueden haber obtenido información de vital importancia para el futuro institucional de la provincia”, añadió Guevara.
La querellante apoyó el pedido y destacó que conocer la verdad de este caso debe ser resuelto de manera urgente. “No hay que dejar de tener en cuenta que en esta gestión se están tocando temas muy fuertes. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico”, destacó Morales.
El defensor Pablo Cannata no se opuso a ninguno de los planteos de los acusadores, pero sí pidió que se contemplara que la prisión preventiva la cumpliera con la modalidad de arresto domiciliario. “Queremos que todo se desarrolle lo más rápido posible para tranquilidad de ella y del gobernador Jaldo”, indicó. Carrizo no declaró.
El juez Cristian Velázquez aceptó todos los planteos de los acusadores y dictó la medida cautelar contra la acusada. Además, dispuso su inmediato traslado a la alcaldía de Delfín Gallo. /La Gaceta
