Las fianzas y las prisiones preventivas contra los seis imputados en la causa por la errónea transferencia millonaria por parte del Gobierno de San Luis quedaron sin efecto, aunque continúa la investigación.
A comienzos de mayo de este año Verónica Acosta recibió en su cuenta de Mercado Pago $510.236.811 por parte del gobierno provincial, dinero con el que se compró cosas y les transfirió a sus familiares.
Ante la denuncia por parte de las autoridades, Acosta y familiares quedaron imputados por defraudaciones especializada por el uso de tarjeta de débito continuado fraude a la administración pública y retención indebida.
En la audiencia imputativa también se había fijado la millonaria fianza que debían abonar, así como también que tenían cumplir con las prisiones preventivas.
Aun así, el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, confirmó que la Justicia desestimó la fianza que se había impuesto sobre los imputados, monto total de $30 millones, $5 millones por cada acusado.
También, se resolvió dejar sin efecto las prisiones preventivas, aunque el procesamiento por el momento continúa firme.
Echeverría manifiesta que el conflicto se dio inicio tras una “operación bancaria, aparentemente errónea o automatizada, sin participación activa dolosa de los imputados”.
