El Gobierno nacional avanza con una ambiciosa reforma de las fuerzas de seguridad federales mediante un decreto que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, contempla cambios estructurales en las funciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en línea con la reciente transformación de la Policía Federal Argentina (PFA).
La iniciativa busca delimitar con mayor precisión las zonas y misiones de cada fuerza, a fin de evitar superposiciones en los operativos y mejorar la eficiencia en el abordaje de conflictos, como la contención de manifestaciones en espacios públicos, especialmente en la zona del Congreso.
Uno de los cambios más relevantes será la transformación de la PSA en una “policía de transporte”, cuya misión se centrará exclusivamente en la seguridad de la infraestructura vinculada al transporte público terrestre y aéreo. De este modo, se apunta a liberar recursos de la PFA, manteniendo la capacidad investigativa de la PSA e impulsando un crecimiento de su dotación.
Por su parte, Prefectura quedará abocada de manera exclusiva a la seguridad en mares, ríos, canales, costas y puertos bajo jurisdicción nacional. Mientras tanto, Gendarmería mantendrá su rol en la vigilancia de fronteras, control del contrabando, migraciones ilegales y delitos sanitarios, además de intervenir en situaciones de alteración del orden público que superen las capacidades de las fuerzas policiales locales.
El Gobierno justifica esta reorganización bajo un modelo similar al de Estados Unidos, donde cada fuerza federal tiene funciones claramente diferenciadas. En ese sentido, citan como referencias a la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG) del país norteamericano.
“La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra”, explican en el oficialismo. El rediseño también contempla una revisión del sistema de reclutamiento y la redistribución de personal entre las distintas fuerzas.
En paralelo, la Casa Rosada busca acelerar esta reforma antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo, las cuales le permiten realizar este tipo de reestructuraciones sin necesidad de pasar por el Congreso. Desde el Gobierno admiten que no insistirán en su renovación ni por ley ni mediante un decreto de necesidad y urgencia.
