El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner siga cumpliendo su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad bajo la modalidad de arresto domiciliario, pero propuso que lo haga en un lugar distinto al actual: su departamento del barrio porteño de Constitución.
La solicitud de Villar se conoció en las horas previas a una audiencia clave en la que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal evaluará las condiciones de cumplimiento de la condena impuesta a la exmandataria. De esta manera, el fiscal retiró el pedido previo de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado que la pena se cumpla en un establecimiento carcelario.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner —integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy— cuestiona las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), que limitó las visitas a la residencia a familiares, médicos y abogados, sin necesidad de autorización judicial. También solicitaron el retiro de la tobillera electrónica, alegando que la medida es desproporcionada y afecta su vida familiar y social.
La audiencia fue convocada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes escucharán a las partes y luego dispondrán de cinco días para resolver. El planteo de los abogados de la expresidenta apunta a que las condiciones actuales del arresto resultan incompatibles con sus obligaciones personales y profesionales, como las reuniones diarias con contadores y apoderados legales.
Por su parte, los fiscales Luciani y Mola reiteraron que la prisión domiciliaria “es un privilegio” y remarcaron que no se verifican razones médicas, personales o humanitarias que justifiquen la excepción. En sus fundamentos, indicaron que el informe socioambiental del 12 de junio refleja que Cristina Kirchner “goza de buen estado de salud general”, por lo cual no habría impedimentos para cumplir su pena en una unidad penitenciaria.
Ambos fiscales destacaron la importancia de que las condenas por casos graves de corrupción pública se cumplan de acuerdo a lo que establecen el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, subrayando que “no puede haber privilegios ni desigualdad ante la ley”.
En este contexto, la Cámara de Casación deberá resolver no solo sobre la continuidad del arresto domiciliario, sino también sobre las condiciones específicas del cumplimiento de la condena, en medio de una fuerte tensión política y judicial.
