El juicio por la expropiación de YPF entró en una etapa crítica. Este lunes, la jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, actualmente en manos del Ejecutivo, a los fondos Burford y Eton Park. Ante ese revés judicial, el gobierno argentino evalúa dos posibles escenarios para evitar una medida que podría tener alto impacto político y económico.
La decisión de Preska responde a una orden previa emitida hace dos semanas, en la que exigía la entrega de las acciones como parte del pago de la sentencia por US$16.100 millones –monto que ya asciende a US$17.750 millones con intereses–, tras considerar que la Argentina incumplió el estatuto de YPF durante la expropiación del 2012.
El rechazo al pedido de suspensión fue acompañado de un fuerte reproche. En su resolución, Preska acusó al país de haber abusado de las concesiones del tribunal y responsabilizó a la República Argentina por no haber presentado, en enero de este año, una garantía para evitar embargos.
Con ese fallo en contra, la Argentina trabaja contrarreloj. El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, actualmente en Nueva York, aseguró que apelarán la decisión ante la Cámara de Apelaciones. “Vamos a pedir que se suspenda de inmediato la entrega de las acciones hasta que la Cámara se pronuncie sobre el fondo del reclamo”, explicó en declaraciones a TN Central.
El reloj corre: el jueves vence el plazo para entregar las acciones
La urgencia se intensifica porque este jueves 17 de julio vence el plazo que Preska fijó para ejecutar la transferencia del 51% de YPF. De no concretarse, los demandantes podrían pedir que se declare el desacato por parte de la Argentina, aunque aún no está confirmado si el tribunal avanzará en ese sentido.
La última vez que el país enfrentó una situación similar fue en 2014, cuando el juez Thomas Griesa consideró que la Argentina había incumplido un fallo a favor de los fondos buitre y la declaró en desacato.
En paralelo, la jueza Preska convocó a una nueva audiencia este martes para tratar otro frente del conflicto: el acceso a información sobre entidades como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central. Los demandantes buscan probar que esas empresas son un “alter ego” del Estado y que sus activos pueden ser embargados para cobrar la deuda.
El trasfondo del juicio por YPF
El conflicto judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado nacionalizó el 51% de las acciones en manos de Repsol, pero no lanzó una oferta pública para el resto de los accionistas, tal como lo exigía el estatuto de la empresa.
El grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que controlaba el 25% de la compañía, inició acciones legales que luego fueron compradas por los fondos Burford y Eton Park. En septiembre de 2023, la jueza Preska falló a favor de esos fondos y fijó una indemnización histórica.
Desde entonces, la Argentina apeló el fallo y trató de evitar la ejecución. Sin embargo, los demandantes intensificaron la presión con nuevos recursos, entre ellos el reclamo por las acciones de la petrolera estatal.
La posición del Gobierno
La semana pasada, el presidente Javier Milei afirmó que el fallo “no tiene aplicación” porque va en contra de la legislación argentina. “Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso con el voto de dos tercios. Eso no va a ocurrir”, aseguró.
Mientras tanto, la estrategia legal sigue su curso en los tribunales de Nueva York, y el resultado de los próximos días será decisivo para definir el futuro de una causa que puede marcar un nuevo hito en la relación entre la Argentina y sus acreedores internacionales.
