En un movimiento sorpresivo, el fondo Burford Capital —beneficiario de la sentencia de US$16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF— notificó a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que no tiene interés en recibir acciones de la petrolera como forma de pago.
La presentación se dio en el marco del debate sobre la suspensión de la orden que obliga al Estado argentino a transferir parte de sus acciones en YPF. En su escrito, Burford reiteró su oposición a esa suspensión, pero aclaró por primera vez que no pretende administrar ni quedarse con la empresa, y que buscará una vía para devolver esas acciones, en caso de que se le asignen.
Esta declaración representa un cambio de postura respecto de los reiterados pedidos realizados ante la jueza Loretta Preska desde 2023, en los que exigían el pago con acciones de la compañía como parte del cumplimiento de la sentencia.
Reclamo por garantías y la reacción argentina
Junto con esa aclaración, los demandantes insistieron en que la Argentina no debería poder apelar sin ofrecer una garantía económica. Según explicó el exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, ahora los fondos proponen que, si la Cámara no mantiene la orden de entrega de acciones, se analice una forma alternativa de garantía menos costosa, sin precisar cuál sería.
Soler recordó que en instancias anteriores, Burford había solicitado —y Preska había aceptado— que se impusiera como garantía la mitad de las acciones de YPF en manos del Estado argentino y derechos sobre una supuesta deuda del Ente Nacional Yacyretá por US$2000 millones, originada durante la construcción de la represa binacional.
Apoyo del gobierno de EE.UU. a la Argentina
La presentación del fondo coincidió con otro hecho relevante: el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino a favor de la Argentina con un escrito de amicus curiae. Allí expresó su preocupación por las consecuencias internacionales del caso y defendió los principios de inmunidad soberana, al considerar que lo resuelto por Preska puede tener un impacto negativo en la política exterior estadounidense.
“El gobierno de EE.UU. subrayó que el caso podría afectar el trato recíproco entre Estados Unidos y otras naciones respecto a sus bienes en tribunales extranjeros”, detalló el documento.
Qué viene ahora
La Argentina tiene plazo hasta el martes 22 de julio para presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de suspender la entrega de acciones mientras se tramita la apelación.
Si la Cámara acepta el pedido argentino, la orden de Preska quedará en suspenso hasta que se resuelva la apelación de fondo, lo que podría extenderse hasta 2026. Si, en cambio, la solicitud es rechazada, volverá a estar vigente la obligación de transferir las acciones.
“Es la primera vez que los demandantes expresan abiertamente que no quieren quedarse con YPF. Esto abre una nueva vía en el proceso que no estaba contemplada hasta ahora”, concluyó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors.
