La Argentina presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que solicitó frenar la ejecución de la orden de la jueza Loretta Preska que obliga al país a entregar acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. La condena, dictada en septiembre de 2023, asciende a 16.100 millones de dólares.
En su descargo, los abogados que representan al Estado argentino advirtieron que ejecutar esa orden mientras el caso continúa en revisión judicial “causaría un daño irreparable”, dado que sería “prácticamente imposible revertir la entrega una vez concretada”. Además, adelantaron que, en caso de ser rechazado este pedido, recurrirán de manera urgente a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El planteo también cuestiona el criterio de la jueza Preska, a quien acusaron de haber resuelto “en contra del posicionamiento del propio gobierno de los Estados Unidos y del resto de los tribunales que abordaron esta cuestión”. En ese sentido, alertaron que permitir la ejecución sin una suspensión judicial podría generar “un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior”, según detalló el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors.
El proceso judicial permanece en suspenso hasta que la Corte de Apelaciones resuelva sobre la posible suspensión de la orden de Preska. Este lunes, el fondo Burford —principal demandante en el caso— presentó un escrito en el que criticó al gobierno de Donald Trump por haber respaldado la postura argentina en el litigio.
La Argentina ya había apelado a principios de julio la decisión tomada por la jueza el 30 de junio, que disponía la transferencia inmediata de las acciones de YPF.
Qué puede resolver la Corte de Apelaciones
Con los argumentos de ambas partes ya presentados, el tribunal debe decidir si acepta la apelación sin exigir al país la entrega previa de las acciones, o si mantiene la orden de Preska. También se analiza el pedido de Burford para que se exija a la Argentina una garantía como condición para apelar.
Según analistas jurídicos, la Corte podría tomar una de estas tres decisiones:
- Permitir la apelación sin entregar las acciones, pero ordenar que Argentina deposite una garantía que no involucre activos de YPF.
- Suspender el fallo de Preska, permitiendo que la apelación continúe sin condiciones.
- Rechazar el pedido argentino, lo que implicaría que el país debe cumplir con la entrega de acciones y se expone a un posible desacato, con consecuencias financieras y diplomáticas.
Cualquiera de estas opciones podría estar acompañada por un compromiso del tribunal para acelerar la resolución tanto de la apelación por la entrega de las acciones como de la apelación de fondo contra la sentencia de los 16.100 millones de dólares.
El origen del conflicto
El caso judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La operación nacionalizó la participación de Repsol en la compañía, que finalmente fue compensada con bonos, pero no ofreció una propuesta similar a otros accionistas, entre ellos el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25% de la empresa.
Burford Capital y Eton Park compraron por 15 millones de euros los derechos de litigio del Grupo Petersen y promovieron la demanda en tribunales estadounidenses. El fallo de Preska, en septiembre de 2023, les dio la razón.
Mientras Argentina busca frenar la ejecución del fallo y continuar el proceso de apelación, el juicio por YPF sigue siendo una causa clave por sus implicancias económicas, jurídicas y políticas para el país.
