Este jueves llegaron a la sucursal local del Correo Argentino, más de 500 notificaciones de suspensión de pensiones por invalidez.
Empleados de la delegación local de ANSES confirmaron: “Se trata de suspensiones preventivas. Todavía no significa que les hayan dado de baja. Las personas notificadas tienen que venir y nosotros los vamos a asesorar. En la mayoría de los casos van a tener que presentar una nota manuscrita para que las autoridades reconsideren esta medida y presentar informes y pruebas médicas que demuestren su discapacidad laboral”.
Ivana Ibáñez, empleada de la Dirección Municipal de Salud y Acción Social que trabaja de cerca con muchas de estas personas, publicó en sus redes sociales: “hoy nos dimos con la noticia de que 700 personas en Termas de Río Hondo fueron notificadas con la suspensión de sus pensiones por invalidez. Esto indigna, porque justos están pagando por pecadores, porque sabemos que existen pensiones obtenidas de modo ilegal. Justamente por eso, creo que las evaluaciones de los pensionados no se están llevando a cabo de manera justa y equitativa”.
“Es desgarrador ver a personas con discapacidades visibles, muchas de ellas ya en edad avanzada, que dependen de estas prestaciones para sobrevivir y que ahora se enfrentan a la pérdida de este beneficio vital. La realidad es que muchos de ellos enfrentan obstáculos insalvables para demostrar su situación; la lejanía, la falta de recursos económicos y la desinformación total los dejan sin opciones. ¿Cómo se puede esperar que personas que viven en lugares remotos, sin medios de movilidad, puedan cumplir con los requisitos de la auditoría en tiempo y forma? La burocracia y la desorganización están dejando a estas personas en una situación de vulnerabilidad extrema, con consecuencias devastadoras para sus vidas”, concluyó Ibáñez.
En las redes sociales se abrió un debate y algunos indicaban que el número era poco más de 500, pero de todas formas seguía siendo muy elevado y afectas a cientos de familias.
