El jurista Alberto Pravia, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, Especialista en Derecho procesal y Terrorismo, experto en narcotráfico, ex Fiscal y Juez de Cámara Federal, actual Director de la Diplomatura sobre Narcotráfico y Criminalidad Organizada Transnacional en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, publicó su obra número 37 y brindó una entrevista explicando los puntos centrales de su nueva obra.
—Su nuevo libro cierra una colección que ha recorrido temas fundamentales del derecho penal y procesal penal. ¿Qué representa para usted esta publicación?
—Es un cierre muy simbólico. “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal” no solo es el libro número 37 que publico, sino el número 17 junto a Bibliotex Libros, una editorial jurídica, la única del norte argentino y una de las más importantes de todo el país que junto a otra editorial Advocatus, hemos construido una colección coherente, rigurosa y profundamente comprometida con el Estado de Derecho. Este volumen es una especie de broche final, porque reúne el corazón del proceso penal: las garantías, tanto del imputado como de la víctima. Es, en cierta forma, una síntesis ética y jurídica de toda la colección.
—¿Por qué decidió abordar en un mismo texto los derechos del imputado y de la víctima?
—Porque ya no es sostenible pensar en un proceso penal que no reconozca la existencia de dos polos fundamentales. Durante muchos años se pensó al proceso penal solo desde la perspectiva del imputado. Y era lógico: veníamos de sistemas inquisitivos, de abusos, de una necesidad de limitar el poder punitivo. Pero hoy, sin abandonar esa mirada garantista, tenemos que incorporar también a la víctima como sujeto de derecho, sin caer en revanchismos ni en populismo punitivo. Es un equilibrio delicado pero necesario.
—¿Cuáles son las principales tensiones entre estas dos garantías?
—La tensión está en el justo medio. Si el proceso solo responde a los derechos del imputado, puede volverse impune o ineficiente; si solo responde a la víctima, puede volverse vengativo. Las garantías existen para evitar ambos extremos. Es un proceso que debe buscar verdad, justicia y reparación, sin perder su base constitucional. Las garantías no son obstáculos, son límites civilizatorios del poder penal.
—Este libro cierra una colección que incluyó títulos como Fuerzas de Seguridad, Teoría y práctica de la prueba penal, Narcotráfico y microtráfico, entre otros. ¿Cómo dialoga esta obra con esos textos anteriores?
—Dialoga y se nutre. Esta colección fue pensada como un mapa de ruta para operadores jurídicos que trabajan en el campo penal: desde el análisis de las normas sustantivas (Código Penal comentado), hasta el enfoque práctico (Estrategias defensistas), pasando por el estudio del proceso (Código Procesal Penal Federal comentado). Cada libro abordó una pieza del sistema. Este último libro intenta hablar del espíritu que debe regir todo ese sistema: el respeto irrestricto por los derechos humanos, la legalidad, la imparcialidad.
—¿Qué desafíos observa en el futuro cercano para el proceso penal en Argentina?
—Creo que el desafío principal es resistir los atajos. El proceso penal está siempre bajo presión: de los medios, de la política, de la opinión pública. Pero su legitimidad depende de su capacidad para resistir esas presiones. Necesitamos más formación, más recursos y más conciencia de que sin garantías, no hay justicia verdadera. Lo digo con claridad: no hay progreso penal si retrocedemos en derechos.
—Después de 37 libros, ¿hay aún algo que le falte escribir?
—Siempre hay algo que falta. Cada vez que termino un libro, siento que es un punto y seguido. Tengo ideas en carpeta, temas que merecen profundización. Pero por ahora, quiero que este libro circule, sea debatido, llegue a los juzgados, a las universidades. Y, sobre todo, que ayude a pensar con responsabilidad en un tiempo donde todo parece urgencia, pero lo que necesitamos es profundidad.
