Tras el escándalo por coimas, el Gobierno analiza las bajas de pensiones por discapacidad

En medio del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno analiza ahora los procedimientos aplicados para la baja de más de 111 mil pensiones por invalidez laboral. Las primeras indagaciones indican que hubo errores.

Luego de que se difundieran audios de Diego Spagnuolo, extitular del organismo en el que acusa un entramado de coimas, el Ejecutivo dispuso una auditoría que va más allá de los contratos con la droguería Suizo Argentina que incluya el método para suspender el beneficio.

Y es que Spagnuolo fue designado para ordenar el funcionamiento de la Agencia y depurar el padrón que contaba con más de 1.250.000 beneficiarios de pensiones no contribuitivas por invalidez laboral. Algo que había crecido exponencialmente en los últimos cuatro gobiernos kirchneristas.

La sospecha de la gestión Mileista es que se usaron como plan social, así se desvirtuaba su objetivo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe del miércoles pasado ante la Cámara de Diputados transmitió que la Administración Nacional de Discapacidad había dado de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Fue el resultado de la auditoría que el propio Spagnuolo inició en enero, con un procedimiento basado en citaciones dirigidas por carta documento al domicilio que figuraban en los trámites originales.

Esta semana, las oficinas de ANDIS fueron epicentro de reclamos de beneficiarios que reclamaban porque dejaron de cobrar los 280 mil pesos mensuales. “Hubo errores y lo estamos investigando. La revisión de las pensiones por discapacidad va a continuar, pero es cierto que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta”, indicaron fuentes oficiales.

Después de las filtraciones de los audios, el Gobierno echó a Spagnuolo, intervino ANDIS y nombró a Alejandro Vilches para revisar toda la actuación de quien fuera abogado personal de Javier Milei y una persona de su círculo más íntimo. La designación formal ocurrió el lunes y el jueves se firmó la orden de auditar con apoyo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) las cuentas y los procedimientos.