En el Senado, la oposición logró consensuar una nueva agenda que pone en aprietos al Gobierno nacional. Tratará dos de los proyectos a los que el Ejecutivo se opone fervientemente: la reversión del veto a la emergencia en discapacidad y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales.
Luego de que se rechacen los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, en abril de 2025, el oficialismo no consiguió ningún triunfo parlamentario en la Cámara alta. La emergencia en discapacidad garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Luego de que se rechacen los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, en abril de 2025, el oficialismo no consiguió ningún triunfo parlamentario en la Cámara alta. Ahora, se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando dos antecedentes: la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio y las aprobaciones en su última sesión (58 votos para el financiamiento universitario y 60 para la emergencia pediátrica). De repetirse la tendencia, sería el primer veto rechazado desde 2003, cuando el Congreso revirtió un veto parcial sobre aranceles azucareros emitido por Eduardo Duhalde, dato que se desprende de un informe de Hecha la Ley.
El gran problema que enfrenta el Gobierno de Javier Milei es que al ser la reversión de un veto, no podrá recurrir nuevamente a esta herramienta. Según publica Ámbito, el oficialismo ya tiene definido que -de revertirse el veto- el escenario que prosigue será en terreno judicial, aunque en su estrategia radicaría la novedad: no sería el Gobierno que lleve a la Justicia la ley de emergencia a discapacidad, sino que omitiría ejecutarla en su plenitud y aguardaría a que sean los beneficiarios de las pensiones los que eleven su demanda.
Mientras tanto, hasta el momento no hay novedades de los aumentos a las prestaciones anunciadas por el portavoz presidencial el pasado 20 de agosto.
DNUs limitados
Luego de la oleada de Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Gobierno, desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provincialistas, mantienen en acuerdo un dictamen que reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos.
Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.
