El juez federal Sebastián Casanello decidió extender por diez días el secreto de sumario en la causa que investiga supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a pedido del fiscal Franco Picardi.
En la misma jornada, el magistrado aceptó como parte querellante a la ONG Poder Ciudadano, que se había presentado este lunes en el Juzgado Federal N° 11 para solicitar su participación en el expediente. El pedido fue formalizado por el presidente de la organización, Pablo Secchi, junto a los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady.
Con esta decisión, la fundación tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación en paralelo con la investigación del Ministerio Público Fiscal. En su presentación, Poder Ciudadano sostuvo que la corrupción afecta al conjunto de la sociedad, ya que el perjuicio recae sobre el normal funcionamiento de los servicios públicos y las arcas estatales, y no sobre una víctima particular.
La resolución de Casanello siguió el mismo criterio aplicado en la causa del Polo Obrero, valorando los 30 años de trayectoria de la ONG, reconocida en 1993 como el Capítulo Argentino de Transparency International. La entidad ya había intervenido como querellante en otros expedientes de alto perfil, entre ellos el caso de Julio “Chocolate” Rigau.
El avance de la investigación
Aunque todavía no hay imputaciones formales, los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron un nuevo escrito con el que intentan frenar la investigación, alegando la existencia de “cosa juzgada”. Sin embargo, la jurisprudencia descarta esta posibilidad en ausencia de una imputación previa con sobreseimiento.
Por el momento, el fiscal Picardi centra su investigación en el análisis de teléfonos secuestrados, la documentación incautada en Nordelta y la verificación de compras estatales a la droguería.
En paralelo, fue procesado Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad durante un allanamiento, lo que habría dado tiempo a los dueños de la empresa investigada para ocultar pruebas.
