La Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI) rescató este viernes a 30 trabajadores rurales que vivían en condiciones de extrema precariedad en dos campos ubicados en la zona rural de Pozo Borrado, sobre la Ruta 77, en el norte santafesino.
Según trascendió, en un primer establecimiento rural, se encontraban 17 trabajadores oriundos de Santiago del Estero, quienes vivían en campamentos improvisados entre la vegetación, sin acceso a agua potable, a energía eléctrica ni servicios básicos.
En el lugar se secuestró un vehículo, dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, elementos que podrían resultar claves para la causa.
El segundo allanamiento permitió detectar a 13 hombres distribuidos en distintas zonas del campo, uno de ellos albergando a nueve personas en una sola casilla, en condiciones insalubres y con evidente vulnerabilidad social.
Entre las personas rescatadas se encontraban dos menores de edad, lo que agrava aún más la situación legal de los responsables del establecimiento.
Todo comenzó con una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que dio lugar a un operativo ordenado por el fiscal federal Pablo Micheletti. Participaron además la Guardia Rural “Los Pumas” (Unidad Regional XII), la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.
Los presuntos responsables de las maniobras fueron identificados como W. A. Q., de 55 años, y M. L. L., de 22, ambos domiciliados en la provincia de Santiago del Estero.
De forma inmediata, la Justicia Federal dispuso el traslado y alojamiento de las víctimas, quienes fueron asistidas por equipos interdisciplinarios especializados, a fin de garantizar su integridad física y emocional, y se activaron mecanismos para restituirlas a sus lugares de origen o brindar alternativas de contención.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacaron el trabajo articulado entre los organismos federales y provinciales que permitieron llevar adelante esta acción. La causa permanece en investigación y no se descartan nuevas imputaciones o allanamientos en el marco de una red más amplia de contratación y explotación ilegal de mano de obra.
