Nahir Galarza pidió autorización para tener celular y redes sociales en prisión
La última vez que Galarza apareció en redes sociales fue en 2019, cuando publicó fotos desde su celda y recibió una sanción disciplinaria.

La defensa de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo en 2017, presentó un pedido ante la Justicia de Entre Ríos para que la joven pueda tener un celular y acceder a redes sociales desde la cárcel.

La solicitud fue elevada el 1° de septiembre por su nuevo abogado, Augusto Lafferriere, ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari. El letrado fundamentó el pedido en el desempeño de su defendida dentro de la Unidad Penal N°6 de Paraná, donde realizó más de 15 cursos y actualmente estudia Psicología Social. Además, destacó que Galarza respetó las normas de conducta del régimen penitenciario.

El juzgado dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que deberá expedirse en un plazo de 24 horas sobre la posibilidad de autorizar a la interna el acceso a un teléfono con internet y redes sociales.

La última vez que Galarza utilizó redes fue en septiembre de 2019, cuando publicó fotos desde su celda en Facebook. Aquella situación derivó en una investigación que confirmó el uso de un celular compartido entre internas, lo que generó sanciones para la condenada. En ese momento, una de las imágenes la mostraba junto a Yanina Lescano, acusada entonces del homicidio de su hijastra Nahiara Cristo, aunque luego resultó absuelta en 2023.

Tras ese episodio, el Servicio Penitenciario incautó el dispositivo y aplicó una sanción de aislamiento que, inicialmente prevista en 10 días, se redujo a cinco tras las disculpas de la interna. Desde entonces, Galarza no volvió a tener actividad en plataformas digitales.

Con la incorporación de Lafferriere como defensor en agosto, se abrió una nueva estrategia jurídica que incluye futuros pedidos para mejorar las condiciones de detención. El abogado adelantó que podría evaluar un indulto al gobernador y beneficios penitenciarios a largo plazo, como salidas transitorias a partir de 2031, cuando se cumpla la mitad de la condena.